"Denunciar casos como el de Dani Alves contribuye a la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, puede invisibilizar otro tipo de violencias" que, parecen menos importantes, pero son la antesala de un daño mucho mayor. Así, hay que estar alertas al gran abanico de violencias de género y a cómo la sociedad y el entorno de las víctimas pueden contribuir a reducirlas.

Esta ha sido una de las conclusiones que ha aportado la magistrada Lucía Avilés este lunes durante una mesa redonda sobre violencia de género en Juno House de Barcelona, en la que también han participado Anna Quintana, psicóloga terapeuta con más de 20 años de trayectoria y Carla Vall, criminóloga experta en políticas para la prevención, el abordaje y la reparación de violencias machistas y a la que ha asistido la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tania Vergè.

Mucho por hacer

Las profesionales han coincidido en que estamos en un momento de transformación social que, a su vez, viene acompañado de una transformación jurídica --a propósito de la ley de solo el sí es sí--, cada vez, la sociedad está más concienciada sobre la lacra que supone la violencia machista, lo que no significa, que las cifras sean buenas. De hecho, ha afirmado Carla Vall, "solo el 8% de mujeres denuncian". Por tanto, queda mucho por hacer, y no solo en cuanto a la denuncia de la violencia, sino al apoyo profesional a las víctimas. 

"Si una sola mujer no recibe una protección real, también hemos fallado", ha aclarado Vall, refiriéndose a que el sistema está compuesto por una cadena de profesionales que, como si de un engranaje se tratase, debe encajar a la perfección. También en cuanto al entorno de las víctimas, que debe asumir que la violencia de género ya no es una cuestión intrafamiliar, "sino de orden público", ha afirmado Avilés. Así, según la magistrada, es crucial que familiares o amigos de la víctima tomen las riendas, en caso de que la afectada no lo haga. Esto, según Vall, "solo está sucediendo en el 14% de casos".

¿Hay un perfil de maltratador o de víctima?

Quizás es en este punto del debate donde ha habido un menor consenso entre las ponentes, ya que, según la psicóloga, Anna Quintana, a pesar de los factores culturales o sociales, el maltratador suele cumplir ciertos perfiles. A pesar de la influencia del entorno o la educación recibida, su experiencia le lleva a concluir que la persona que maltrata cumple determinados patrones inherentes a su ser, más que a las influencias externas.

Avilés, en cambio, discrepa con el punto de vista de la psicóloga terapeuta, insistiendo en que en las salas de juicio se sientan víctimas y agresores de diferentes edades, culturas y posición social. "Lógicamente, cuando hay una violencia digital, es más probable que se de por parte de alguien más joven, ya que las personas de más edad igual no están tan familiarizadas con las redes sociales". Sin embargo, la experiencia me dice que no hay un perfil concreto, insiste la magistrada.

Cambios jurídicos importantes

Según Avilés, en materia de derechos de las mujeres, los movimientos feminstas fuertes, se  han ido acompañados de cambios jurídicos importantes. En este sentido, la magistrada ha recordado el caso de Ana Orantes, en 2003, que dio lugar a la aparición de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, que es la que se aplica actualmente en los juzgados. Lo que sucede es que "nos encontramos con tantos cambios sociales que, lo que inicialmente se entiende como violencia de género, hay que retocarlo". 

Con el paso del tiempo, ha explicado la magistrada, se fue viendo que era necesario perfilar un poco lo que era la violencia de género. "En el año 2015 se incluyeron los menores como víctimas directas de la violencia contra la mujer". En este sentido, ha recordado Avilés, hubo un caso que fue un paradigma en este sentido, el de Ángela González Carreño, una mujer que presentó más de 50 denuncias en los juzgados por violencia de género. "Con su expareja tenía una hija y ella alertaba del peligro que corría la hija cuando el padre se la llevaba". En ese caso "se establecieron visitas supervisadas con carácter temporal y cuando se alzó la supervisión de las visitas, el padre recogió a la niña, la mató y se suicidó". En ese caso, la justicia europea acabó condenando a España, ha explicado Avilés y este, es un ejemplo de que la alerta nunca es suficiente, ni por parte de entorno de las víctimas, ni de las instituciones, ni de los profesionales.