Seis ayuntamientos crean un frente común para auditar la gestión de Visoren de 250 pisos sociales

Seis ayuntamientos catalanes se han reunido este viernes en el consistorio de Esplugues de Llobregat para crear un frente común que analice la gestión de más de 250 viviendas públicas a cargo de la empresa concesionaria Visoren S,L.

Bigues i Riells, Calaf, Canet, Esplugues de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles i Tiana se unen para “garantizar el derecho de quienes viven en estas promociones ante la empresa”, que les exige elevadas cantidades en concepto de agua caliente y calefacción, a la vez que, según han explicado algunos de estos inquilinos a Crónica Global, desatienden el mantenimient de las fincas que, según contrato, deben realizar de forma integral a través de la empresa Sermavi.

Encuentro entre seis ayuntamientos afectados por Visoren en Esplugues / AJ. ESPLUGUES

De la mano de la Diputación de Barcelona

Según ha manifestado la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, el objetivo de este encuentro entre los representantes municipales es actuar de forma conjunta ante unos problemas que afectan a todas las localidades presentes en la reunión. Entre ellos, ese cobro retroactivo y actualización de tarifas de agua caliente sanitaria y calefacción.

Así, han acordado auditar de forma conjunta para resolver una problemática que no es sencilla. “No tenemos todas las competencias pero tenemos todas las incumbencias”, ha dicho Díaz. Por tanto, “hemos decidido que la mejor manera es hacer esta auditoría de gestión de forma conjunta, de la mano de la Diputación de Barcelona”.

Posibles sanciones

La edil de Esplugues ha manifestado que también se contará con la la Agencia Catalana de l’habitatge y la Agencia Catalana de Consum, “que sí tienen unas capacidades sancionadoras".

Esta cooperación, insiste Díaz, es necesaria ya que, en caso de que se determine que se están cometiendo ilegalidades, son quienes tienen la potestad para sancionar a la concesionaria Visoren. Por tanto, “es importante que sumemos fuerzas y energías”, concluye la socialista.  

Evidencias de ilegalidad

Hace dos días, la empresa advirtió al consistorio de Esplugues a través de un comunicado, que emprendería acciones legales si su primer teniente de alcalde, Eduard Sanz, no rectificaba algunas declaraciones en las que ponía en entredicho la gestión de Visoren. Entre otras cosas, el mencionado cobro retroactivo en concepto de agua caliente sanitaria y calefacción desde el 1 de enero de 2022. Hoy, la alcaldesa ha manifestado que “nuestro ayuntamiento sí que tiene un informe que dice que es ilegal y la Agencia Catalana de Consumo también dice que es ilegal”. Otra cuestión es la subida de tarifas para 2023 que, por la cantidad, la proporción y el porcentaje que hemos visto, que también podían incurrir también en un abuso”.

Regulación de precios de agua caliente y calefacción por parte de Visoren / CEDIDA

"Solo el agua caliente sanitaria, en el caso de Esplugues, empezó 2022 con facturas que rondaban los 50 euros al mes, que en otoño pasaron a unos 75 euros y ahora alcanzan, en algunos casos, hasta 200 euros, ha asegurado Pilar Díaz.

Decreto de alcaldía

Según el consistorio, en algunas ocasiones se había pedido a Visoren la suspensión temporal de estos recibos, algo a lo que la empresa se había negado. Por eso, el pasado día 23 de enero se pasó a exigir esta paralización de recibos mediante un decreto de alcaldía. La respuesta de Visoren, es que nunca se le había pedido tal cosa y que se compromete suspender estos cobros durante tres meses. Sin embargo, el ayuntamiento asegura tener pruebas de que estos cobros no se ajustan a la ley. Además, "la auditoría se podría alargar, por lo que los consistorios han propuesto en la reunión de este viernes  reformular las propuestas".

“Lo que debemos hacer ahora es cargarnos de razones y, especialmente, de razones jurídicas para actuar”. Así ha concluido la intervención de Pilar Díaz, quien asegura tener pruebas que demuestran la ilegalidad en algunos cobros que la concesionaria ha intentado realizar a los vecinos, y a la falta de transparencia de la empresa, tanto con el ayuntamiento, como con los inquilinos afectados.