La ley del solo sí es sí ha dejado, desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre, un goteo de rebajas en las condenas a violadores. Hasta ahora son 243 los agresores sexuales que se han beneficiado de esta reforma del Código Penal y 19 los que, directamente, han sido excarcelados. Las rebajas de las condenas dejan tras de sí un rastro de sufrimiento para las víctimas, que denuncian que tras pasar por un proceso judicial que significa un auténtico “infierno”, las condenas son demasiado laxas. “El sistema está previsto para agotarte”, narra el familiar de una joven catalana cuyo violador ha visto su condena reducida en nada menos que cinco años.

En este caso, el violador, Martí B. M., fue condenado por la Audiencia de Girona a nueve años y medio de prisión: tres por una agresión sexual en grado de tentativa y seis y medio por una agresión sexual consumada hacia la que era su amiga, tras salir juntos una noche en Sant Feliu de Guíxols. Ahora, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no solo ha rebajado la condena por agresión sexual consumada de los seis años y medio a los cuatro y medio amparándose en la ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, sino que lo ha absuelto del delito de agresión sexual en grado de tentativa al considerar que ambos episodios son un acto unitario y no dos completamente diferenciados, como recoge la sentencia de la Audiencia de Girona. Una incongruencia, dado que el fallo de la Sección de Apelaciones del TSJC da todos los hechos de la sentencia previa por probados. 

Cuatro años de "infierno"

“Tenemos muchas ganas de luchar en contra la ley del solo sí es sí y de la retirada del delito de tentativa, que quedó probado en la primera sentencia dictada por la Audiencia de Girona”, esgrime este familiar, que expresa que el fallo ha caído como un jarro de agua fría. “No esperábamos esto, llevamos cuatro años de infierno”, denuncia. 

Aunque aclara que la rebaja de la condena era previsible, no podían imaginar que el TSJC eliminaría un delito que estaba probado “y menos sin explicarlo”. En el último fallo le dan carpetazo a tres años de cárcel con una escueta frase, pero “sin explicárselo a la víctima”. El familiar denuncia que el actual sistema es contradictorio y que agota a las víctimas, que se sienten “desamparadas”. 

Un mensaje contradictorio 

Por un lado, expresa, se anima a las mujeres a que denuncien, pero por otro, una vez iniciado el proceso se enfrentan a un auténtico “drama”. “El mensaje que están enviando es contradictorio y deriva en que, a lo largo del proceso, sea recurrente que las víctimas expresen que, de haberlo sabido, no denunciarían”. En el caso concreto de su familiar, explica la fuente, la joven se enfrentó a este durísimo proceso con tan solo 18 años. “Se tuvo que desnudar internamente ante un montón de gente externa, algunos muy agresivos con sus palabras, como el abogado defensor del violador, que hizo preguntas con un nivel de detalle tremendo, aunque eso se lo esperaba”. 

“Lo que no sabía es que el sistema no está preparado para este tipo de casos”. En el caso de esta superviviente --como prefiere que la llamen-- estuvo retenida durante más de cinco horas por su violador. Cuando logró huir fue al hospital donde estuvo siete horas esperando a los forenses sola, con una bata, y custodiada por dos policías. “En ese rato no recibió asistencia psicológica ni pudo estar acompañada porque la prueba era su propio cuerpo y nadie la podía tocar”. A continuación, fue trasladada al Hospital Clínic de Barcelona, el centro de referencia para víctimas de agresión sexual, donde recibió acompañamiento psicológico y una medicación “muy fuerte”. Después la hicieron declarar ante el juez de guardia. “Aunque en ese impasse estás en tratamiento, y fuerte, después el tribunal te pide que tu relato sea inequívoco. ¿Qué nivel de seguridad da esto a las víctimas?”. 

Caos jurídico

A la crudeza del proceso se suma ahora esta nueva ley, que viene a dinamitar lo conseguido por el movimiento feminista de la propia judicatura cuyo máximo exponente fue la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Manada de Pamplona, que cambió el ordenamiento jurídico. “Esta nueva ley viene a decirte ‘lo siento, te ha pasado lo que te ha pasado, pero no es para tanto’, que es lo peor que se le puede decir a una víctima”, enfatiza la misma fuente. 

Además del caos jurídico que ha sembrado una ley que “los jueces no entienden y la sociedad tampoco”, para muchas víctimas ha cambiado las reglas del juego a mitad de partido. Ahora, muchas ven como la ley que fue hecha para proteger a las mujeres beneficia a sus agresores. “¿Cómo puede ser que una violación pueda tener ahora la misma pena que meter mano, por muy reprochable que sea? No puede equipararse”, sentencia. 

¿Por qué se han rebajado las mínimas?

El familiar de la última joven catalana en sufrir las consecuencias de la ley impulsada por la ministra Irene Montero asegura que aunque no entra a valorar al legislador, exige respuestas. “A estas alturas de la película que el político no nos diga que no sabía que estaba bajando las penas”, denuncia; “Me dan igual las ideologías, pero señora ministra, ¿por qué ha bajado usted los mínimos?”.

El familiar dice tener la sensación de que la nueva ley está hecha a medida para beneficiar a “alguien”. Asegura que “no es lógico” que el Gobierno aguante semejante presión pública habiendo rebajado penas a más de 200 violadores: “Sabemos que han rebajado las penas a los malversadores porque lo han pactado por el procés, porque nos lo han explicado. Aquí algo tiene que haber. Esto no se hace nunca. Puedes descatalogar un delito porque la sociedad evoluciona, pero rebajar las penas de un delito que se ha incrementado en un 300% no tiene sentido y si lo haces al menos ten el decoro de explicarlo”.

Denuncian falta de recursos

La única alternativa que les queda ahora es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un trámite para el que se requieren muchos recursos y que implica, nuevamente, un desgaste emocional para la superviviente de esta historia: “Aquí hay gente que gana mucho dinero con el sufrimiento de las víctimas, grandes bufetes expertos en tecnicismos legales y que te cobran mucho dinero”. Además del sufrimiento que genera a las víctimas, denuncia que el sistema no les otorga los recursos suficientes como para enfrentarse a sus violadores. “Lo han condenado a indemnizar a la víctima con 15.000 euros, el mínimo, pero nos hemos gastado solo el doble solo en abogados”. 

Aun así, están dispuestos a luchar hasta el final. “Ella tiene claro que volvería a denunciar”, asegura, “no puede ser que violar a una chica sea tan barato”. Tras terminar Derecho y formar parte activa de su propio proceso, llevará su caso al alto tribunal para que su agresor sexual pague por lo que hizo. Hasta el momento y mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie, su violador seguirá en libertad.