Cinco años de la sentencia del ‘caso Palau’: así se encuentran hoy los responsables del expolio

Se cumplen cinco años de la sentencia del caso Palau. El 15 de enero de 2018, la sección 10 de la Audiencia de Barcelona daba a conocer las penas para los responsables del millonario expolio del Palau de la Música, que oscilaron entre los más de nueve años de cárcel para el máximo dirigente de la institución, el expresidente Fèlix Millet, y los ocho meses para dos empresarios. Un lustro después de la decisión judicial, aún falta la mitad de lo saqueado, mientras los encausados están, casi todos, en sus casas.

Quienes cosecharon las penas más altas fueron Millet; su mano derecha, el ex número 2 de la institución, Jordi Montull, y la ex directora financiera e hija de este último, Gemma Montull, después de que la Audiencia de Barcelona considerara que, entre los tres, desviaron 23 millones de euros para sufragar gastos personales y para financiar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) mediante el cobro de comisiones por adjudicaciones a empresas. Pero, en total, hubo 12 condenados por el caso Palau.

Fèlix Millet, en una residencia

Fèlix Millet fue condenado a nueve años y ocho meses de prisión y a una multa de 4,12 millones de euros por los delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, delito continuado de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda. Aunque la condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2020, Millet solo cumplió dos años y cuatro meses en la cárcel, dado que la Generalitat le otorgó el tercer grado por su delicado estado de salud. Una decisión que la fiscalía ha recurrido. En todo caso, acaba de salir del Hospital Penitenciario y ha ingresado en una residencia.

Por otra parte, su mujer, Marta Vallés Guarro, y su hija Laia Millet también fueron condenadas por su participación a título lucrativo a abonar al Palau de la Música 6,41 millones y 112.782 euros, respectivamente.

En la actualidad, Millet está siendo investigado como presunto autor de un delito de malversación de fondos públicos por un juzgado de Granollers por la desaparición de varios objetos de valor de su casa de L’Ametlla, que habían sido embargados por la justicia para resarcir la cantidad expoliada y de los que el expresidente del Palau de la Música no podía disponer. Según pudo saber El País, se trata de un piano de cola, un cabezal de cama del siglo XVIII, varios colmillos y figuras de marfil y tres estatuas de piedra. No es la única causa que tiene abierta. En julio de 2022 la Fundació Orfeó Catalá-Palau de la Música denunció que tanto él como Montull estaban ocultando bienes a la justicia. A raíz de esta investigación el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona llamó a declarar en calidad de investigado a Millet como presunto autor de un delito de frustración a la ejecución de la sentencia, al haber alquilado propiedades embargadas.

Jordi Montull ha vuelto a la cárcel

Jordi Montull fue condenado en 2018 a siete años y medio de cárcel y a una multa de 2,9 millones de euros por un delito de malversación de los caudales públicos y apropiación indebida, delito de falsedad de documento mercantil, delito de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra Hacienda. Una condena que el Tribunal Supremo confirmó en 2020. El Govern le concedió en septiembre del 2021 el régimen de semilibertad, que le permitía ir a prisión solo para dormir, pero la jueza tumbó ese tercer grado en febrero del 2022. Tampoco se le concedió el indulto que solicitó.

Gemma Montull nunca entró en prisión

Gemma Montull fue condenada a cuatro años y medio de cárcel --nunca entró en ella-- y una multa de 2,6 millones de euros como autora de los delitos de malversación, apropiación indebida, delito continuado de falsedad de documento mercantil, delito de falsedad contable, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Fue absuelta de un delito contra la Hacienda Pública. El Tribunal Supremo rebajó su condena a prisión en seis meses, pero mantuvo la multa de 2,6 millones que le impuso la Audiencia de Barcelona. 

En cualquier caso, la hija de Montull eludió la prisión a cambio de realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año, de no delinquir durante cinco y de comprometerse a pagar 500 euros al mes para hacer frente al pago del millón y medio de euros que le fue impuesto en concepto de responsabilidad civil por haber saqueado la entidad cultural. Su madre, Mercedes Mir Recio, esposa de Montull, fue condenada por su participación a título lucrativo a devolver 376.700 euros.

En la actualidad, un juzgado de Barcelona investiga, de nuevo, a los tres miembros de la familia Montull-Mir. Esta vez por, presuntamente, esconder los beneficios procedentes de tres propiedades que tienen alquiladas para eludir el pago de la indemnización derivada de la causa de 2018 a los perjudicados, dado que Montull declaró que el único ingreso mensual que percibe es su pensión de 2.000 euros, de la que viven él y su mujer. Así es como, presuntamente, Millet y Montull torpedean la ejecución de la sentencia que los condenó al pago de la indemnización de 23 millones de euros a la entidad cultural y de la que, por el momento, solo han devuelto 12 millones.

El extesorero de CDC, a un paso de otro juicio

Junto a ellos fue condenado también el extesorero de CDC Daniel Osàcar como autor de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad contable y documental, por lo que fue condenado a un total de cuatro años y cinco meses de prisión. Fue condenado también a abonar una multa de 3,8 millones de euros por las comisiones ilegales que el partido cobró de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música. En 2020, el Tribunal Supremo eliminó el delito de tráfico de influencias, reduciendo su condena a tres años y seis meses de cárcel. En su caso, obtuvo la semilibertad tras pasar solo 75 días en la penitenciaría.

Tras cumplir condena, en la actualidad se encuentra inmerso en otro proceso judicial, una causa separada del caso 3% que se juzga en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz envió a juicio en noviembre a Daniel Osàcar y a otros dos extesoreros de la antigua CDC por presuntamente participar en el entramado creado para financiar el partido de forma ilegal mediante mordidas en las adjudicaciones de licitaciones públicas.

El ‘caso Triacom’

No fueron los únicos condenados del caso Palau. También cayeron dos abogados del bufete Bergós, Raimón Bergós Civit y Santiago Llopart Romero, condenados a dos años de prisión y un año y nueve meses, respectivamente, por el delito de falsedad de documento mercantil. Bergós fue condenado a pagar 5.500 euros mientras que Llopart tuvo que abonar 2.700 euros. 

En el caso Palau también fueron condenados el asesor fiscal Edmundo Quintana Giménez y los empresarios Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio Menchén Alarcón, siendo Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra los que recibieron las penas de prisión más bajas, de ocho meses de cárcel. El Tribunal Supremo ratificó las condenas de todos ellos en 2020. En la actualidad, Parra está investigado por sus presuntos vínculos con la financiación ilegal de CDC. En concreto, se le investiga en la pieza separada del caso 3% que pretende determinar si CDC se financió a través de la productora Triacom de TV3.

Los exdirectivos de Ferrovial, absueltos

El tribunal, por otra parte, absolvió a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, que se enfrentaban a una pena de cuatro años y medio de prisión por administración desleal (pero no se demostró perjuicio a la compañía) y por tráfico de influencias (delito que había prescrito) relacionado con el pago de comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública a través del Palau. La Audiencia de Barcelona cifró entonces el total de esas comisiones en al menos 6,67 millones; 3,5 millones fueron a parar a los bolsillos de Millet y Montull.

Empresas pantalla

La sentencia del caso Palau condenó a tres empresas como responsables civiles subsidiarias. Bonoima y Aysen Productions, administradas por la mujer de Millet, fueron condenadas a pagar 529.334 euros y 130.044 euros, respectivamente. Por su parte, la mujer de Montull era la administradora de Aurea Rusula, condenada a abonar 246.244 euros. En su sentencia, la Audiencia de Barcelona concluyó que quienes controlaban de facto estas empresas --utilizadas para desviar fondos del Orfeó Català mediante la emisión de facturas falsas por servicios y estudios que nunca prestaron-- fueron Millet y Montull en connivencia con la hija del segundo.