El Tribunal Supremo ha dejado sin efecto la euroorden contra Carles Puigdemont por sedición. Tras la reforma del Código Penal, el magistrado Pablo Llarena dejará de reclamarlos a Bélgica por sedición, pero lo hará por malversación y desobediencia.
El juez Llarena, que instruyó la causa del procés, ha aplicado a Puigdemont la derogación del delito de sedición. Lo procesará por malversación y desobediencia, delitos que comportan penas menores pero de más fácil homologación con Bélgica.
Pablo Llarena, en una imagen e archivo/ EFE
Las euroordenes, retiradas
En el auto, el magistrado ha avisado que la reforma penal que ha impulsado el Gobierno plantea un "contexto cercano a la despenalización" de los hechos investigados al no encajar en desórdenes públicos. El instructor deja sin efecto las euroórdenes actuales por sedición pero ordena la busca y captura de Puigdemont así como de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig por malversación y desobediencia.
En su opinión, la malversación de los tres políticos conlleva el ánimo de lucro puesto que no fue un desvío temporal dentro de unos presupuestos públicos, sino que se destinaron recursos de manera definitiva a sufragar actividades ilegales. O sea, que el delito puede merecer una condena de 12 años de cárcel.
Además, Llarena pospone la decisión de emitir una nueva euroorden contra Puigdemont y los otros dos acusados de malversación a la resolución de los tribunales de la UE sobre la inmunidad parlamentaria y la cuestión prejudicial.
Fachada del Tribunal Supremo / EUROPA PRESS
Reacción de Aragonès
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya ha reaccionado a la decisión del instructor. "Antes se pedía la extradición por tres delitos, y ahora por dos. Cae el más grave", ha valorado en Catalunya Ràdio.
Aragonès ha explicado que no conoce el detalle de la decisión de Llarena, pero ha expresado el "máximo respeto a la estrategia de defensa de todos los represaliados" por el 1-O. Unas defensas que se han mostrado desunidas sobre los pasos a seguir una vez ha entrado hoy en vigor la reforma penal.