La fiscalía solicita ocho años y medio de prisión para cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra por presuntamente agredir a un detenido en el barrio del Raval de Barcelona en 2020 y posteriormente falsear el atestado para imputarle delitos “que no sucedieron en ningún momento”.

Según el relato del ministerio público el 13 de noviembre de 2020, cuando todavía estaba vigente el toque de queda a causa de la pandemia del Covid-19, un grupo de personas se encontraba en la calle Nou de Dulce del barrio del Raval, incumpliendo la normativa. Un agente de los Mossos d’Esquadra les dio el alto y, con el fin de identificarlos, les pidió que se situaran con la espalda contra la pared mientras verificaba sus documentos.

Abofeteado, arrastrado y golpeado

Uno de los jóvenes se dirigió al agente y le dijo que le acababan de robar a un amigo y que sería más importante que la policía centrase sus esfuerzos en intentar capturar a los ladrones. Este comentario “molestó sobremanera al cabo, que de modo sorpresivo lo abofeteó, lo empujó contra la pared, lo arrastró al medio de la calzada y lo tiró al suelo con una maniobra de barrio, haciendo que el joven se golpeara en la cabeza.”

El joven permaneció retenido en el suelo durante aproximadamente un minuto. Como el joven empezó a pedir auxilio, hasta el lugar acudieron tres agentes más de Mossos d’Esquadra, que mantuvieron al chico inmovilizado, “llegando a recostarse sobre él, dificultando su respiración y sujetándole las piernas a la altura de los tobillos”. Posteriormente lo detuvieron, lo introdujeron en coche patrulla y lo trasladaron a dependencias policiales. Toda esta secuencia fue filmada por un vecino en un vídeo que evidencia la mala praxis de los agentes.

Falsearon el atestado

Una vez en dependencias policiales, la fiscalía sostiene que los agentes implicados le imputaron un delito de atentado contra la autoridad, afirmando que había propinado una patada a los policías y que había intentado darles un cabezazo, hechos que no sucedieron. “La conducta no sucedió en ningún momento”, reza el escrito de acusación.

Por estos hechos el ministerio público solicita ocho y medio de cárcel a los cuatro por delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y falsedad documental y 16 años de inhabilitación. Por su parte, el centro Irídia, que ejerce de acusación popular, eleva la petición de la pena a 15 años y medio de prisión y 22 de inhabilitación.