Castilla y León liquida la expansión de Ambulancias Egara

Según una resolución reciente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) a la que ha accedido Crónica Global, el ente desestima el escrito que presentó Ambulancias Egara contra su exclusión del único lote que los cuatro a los que optaba para el que fue propuesta para la adjudicación, el de Segovia, con un presupuesto de 37,6 millones de euros. 

Recurso desestimado

Pero la transportista catalana no tiene plan de igualdad, un requisito para contratar, por lo que la Junta le quitó el encargo. Ambulancias Egara recurrió, pero el tribunal regional ha tumbado su escrito recordando que la hoja de ruta de igualdad de género es necesario para ser proveedor de la Administración pública. Con ello, la empresa egarense se queda sin el único en encargo que le habían asignado. Su intento de expansión en Castilla y León ha quedado en agua de borrajas. 

Sí ha entrado en el reparto Ambulancias Rodrigo, del Grupo HTG, líder de la industria en España, que se quedará este lote. 

Egara, como Tenorio, pagan la mala gestión

El naufragio tiene una derivada: la empresa catalana confirma que su mejorable gestión en el terreno de la igualdad merece dejarla sin contratos públicos. Es exactamente lo mismo que le ha ocurrido a la andaluza Ambulancias Tenorio, que por el mismo motivo se juega un encargo aún mayor: la licitación del transporte sanitario urgente de Aragón, que tiene un presupuesto de 127 millones de euros. 

Imagen de un vehículo de transporte sanitario de Ambulancias Tenorio / Cedida

De hecho, la sureña es adjudicataria provisional, pero los sindicatos y su rival en el procedimiento, la también catalana Consorci de Girona, han presentado escritos en contra. Al ser desestimados, preparan una huelga, unos, y acudir a la justicia ordinaria, los otros. 

Zozobra en la expansión

Ello en el plano general, pero el fiasco de Castilla y León añade otra mácula al expediente de Egara, antaño una firma familiar regida por la familia Simón, pero que tomaron al asalto directivos de confianza de David Madí en 2016. Desde entonces, la transportista ha entrado en el transporte sanitario no urgente de Aragón, abriendo una guerra con su socia, encajando sanciones de Inspección de Trabajo y sublevando a los sindicatos. 

También se ha hecho con el transporte sanitario de Andorra, con dos conatos de huelga, uno incluso antes de comenzar a prestar un servicio que comenzó con retraso porque fue incapaz de hallar los vehículos necesarios. 

Vínculos con el 'caso 3%'

Por contra, Egara sigue operando tres lotes del concurso de transporte sanitario de Cataluña, aunque encajando una ristra de sanciones. Más polémico si cabe han sido los vínculos con el caso 3% de supuesta financiación ilegal de CDC que ha destapado este medio en exclusiva. Por ejemplo, Egara negoció su expansión en Aragón desde la sede de la constructora Benito Arnó en Lleida. Es una constructora que figura en el macroprocedimiento judicial de presunta corrupción en la que el CEO de Arnó, Joan Albert Arqués, está imputado y pende sobre él una petición de ocho años de cárcel. 

De hecho y antes de que Egara cambiara de manos, el propio Arqués fue el que asistió a un cónclave en el Hotel Don Cándido de Terrassa en el que se pactó la venta de la empresa de la familia Simón a los hombres de Madí. 

Guerra por el negocio de las ambulancias

Esa irrupción no fue casual, sino que tenía como objetivo meter un pie en el jugoso negocio del transporte sanitario, que depende de contratos de las administraciones públicas que suelen tener cierta rentabilidad --en el caso del transporte no urgente o programado-- que compensa los déficits circunstanciales --en el transporte urgente--. De hecho, la llegada de los hombres de Madí, ahora empresario pero antaño secretario de Comunicación del Govern con CiU, coincidió con el desembarco de otros grandes grupos en las ambulancias catalanas. 

David Madí, durante una detención por una causa anterior / EP

Es, dicen directivos del sector, lo que volverá a ocurrir en 2025, cuando se licite de nuevo el macrocontrato de transporte de pacientes en Cataluña, el mayor de España. El último concurso tuvo un colosal presupuesto de 1.000 millones de euros públicos y derivó en una virulenta guerra entre empresas.