Un agente de los Mossos d’Esquadra se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona el próximo 16 de diciembre como presunto autor de un delito de revelación de secretos por haber consultado en 57 ocasiones datos personales de un individuo al que no estaba investigando.
La fiscalía lo acusa de aprovecharse de su condición como agente de los Mossos d’Esquadra para stalkear de forma reiterada a J. C. F. con el propósito de vulnerar su intimidad. El ministerio público sostiene que el agente, que trabajaba en la comisaría de Les Corts de Barcelona, accedió desde un ordenador y desde un móvil de la Sala de Control, mediante su usuario personal e intransferible y su contraseña, a las bases de datos con el único propósito de obtener información sobre este determinado sujeto. Lo hizo “sin estar autorizado” y “sin guardar relación alguna con sus funciones”
Búsquedas obsesivas
Los hechos por los que será juzgado se enmarcan entre el día 6 de febrero de 2018 y el 5 de diciembre de 2019. Entre estas dos fechas el mosso consultó en la base de datos de la policía autonómica y en la base de datos Schengen si el afectado tenía algún requerimiento pendiente en 57 ocasiones, llegando a buscar a esta persona entre los “reseñados de otros cuerpos policiales”.
La obsesión del agente con el afectado le llevó a buscar datos sobre él en el Centro de Compensación de Datos, que sirve para conocer los antecedentes de una persona en otros cuerpos policiales de España. En las últimas búsquedas, ávido de encontrar la información que buscaba, llegó a realizar búsquedas fonéticas del nombre en diversas bases de datos.
Auditorías periódicas
La consulta reiterada de datos personales sobre un determinado sujeto de forma injustificada por parte de este agente no ha motivado un endurecimiento de las medidas para evitar estas situaciones, aclaran fuentes del cuerpo, si bien insisten en que se realizan “auditorías periódicas” para detectar cualquier posible irregularidad por parte de los funcionarios. “También se realizan revisiones por parte de la División de Asuntos Internos (DAI) cuando se detecta algo extraño o se registra alguna queja”.
Fuentes no oficiales aseguran que cuando la DAI abre una investigación sobre un agente, entre otras cosas, “revisan sus consultas” y, en caso de detectar accesos injustificados el agente debe rendir cuentas sobre esas búsquedas. En otras ocasiones, para acceder a una determinada información, es necesario que soliciten “permisos administrativos” que solo se conceden si detrás existe un motivo de peso.
¿A qué datos tienen acceso?
La mismas voces precisan que, por lo general, los agentes solo pueden consultar el NIP, la ficha policial que rellenan los Mossos d’Esquadra cuando una persona tiene algún contacto con la policía autonómica por diversos motivos --una identificación, un accidente de tráfico, una denuncia o la visita a una comisaría, entre muchos otros--. No obstante, indican que esta ficha no contiene información sensible. “Pueden consultar prácticamente los mismos datos que figuran en el DNI, los antecedentes o, a lo sumo, si la persona en cuestión tiene la ITV o el seguro en vigor”, aclaran.
"Es muy raro", dicen, que una persona tenga la ficha “en blanco”, pero mediante estas consultas no se pueden obtener datos de carácter privado como la filiación a un partido político u otra información que pueda considerarse relevante. Los que sí pueden acceder a información sensible son los agentes que pertenecen a las unidades de investigación e información, así como los caporales y sargentos del cuerpo, que pueden conocer, según las fuentes consultadas “información sobre el entorno o la familia” por ejemplo, o datos relativos a una investigación concreta, dentro de los límites establecidos por el cuerpo.
Piden cuatro años de cárcel
“No todo el mundo puede acceder a los mismos datos”, apuntan. Además, el cuerpo cuenta con sistemas que pueden detectar algunos patrones de búsqueda. En caso de que se realice una consulta de forma reiterada “salta algún tipo de alarma, porque te llaman y te preguntan: ‘¿Por qué has consultado este atestado?’ y lo tienes que justificar”.
Sea como fuere, las búsquedas del agente parecen haber dado sus frutos, porque la fiscalía lo acusa de un delito continuado de revelación de secretos por el que solicita cuatro años de prisión y una multa de 24 meses con una cuota diaria de 20 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.