Los Mossos d’Esquadra han desarticulado un entramado criminal dedicado a la okupación de viviendas en el distrito de Sants-Monjuïc de Barcelona que utilizaba a menores de edad para acreditar una situación de vulnerabilidad, de forma que se aseguraban que en los próximos meses no se iniciaría una actuación judicial ni policial para ejecutar un desahucio por lo que procedían a la venta o alquiler de las mismas.
En esta operación la policía catalana ha detenido a nueve personas, de las que tres se encuentran “en el top 5 de los sujetos relacionados con okupaciones criminales de viviendas de Barcelona de los últimos años”, según ha explicado del jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona, el inspector Josep Naharro. En total los Mossos les imputan 12 okupaciones consumadas y 12 intentos de okupación en tan solo cuatro meses, lo que les proporcionó un beneficio mensual de 24.000 euros.
"Crimen organizado vestido de red empresarial"
La investigación ha sido muy complicada, porque no constaba ninguna denuncia ni por parte de los propietarios ni por parte de los inquilinos afectados, por lo que los agentes partieron “de cero”. Después de entre seis y ocho meses de investigación, lograron identificar “roles perfectamente diferenciados” entre los miembros de la organización.
Con esta información, desde la DIC entregaron al juzgado un atestado en el que constataba que estaban frente a una investigación criminal. Este documento permitió un trabajo conjunto entre Mossos d’Esquadra, fiscalía y judicatura para poder esclarecer cómo se gestionaban los pisos allanados. “Era una red empresarial vestida de crimen organizado”.
Propiedad de bancos
El inspector ha detallado que las viviendas okupadas eran todas propiedad de entidades bancarias o de inmobiliarias vinculadas a entidades financieras. El modus operandi era siempre el mismo: tres miembros de la organización se encargaban de buscar pisos vacíos y los okupaban. Una vez dentro, otra persona se encargaba de cambiar la cerradura y, en paralelo, la mafia subcontrataba a tres mujeres con niños, algunos de ellos bebés, para que se quedaran dentro de la vivienda durante varios días.
De esta forma, ante el aviso o la queja de los vecinos, hacían creer a Mossos d’Esquadra que se trataba de familias que estaban inmersas en una situación de vulnerabilidad, por lo que bloqueaban durante meses las actuaciones pertinentes para ejecutar el desahucio. “Hacían llorar a los niños detrás de la puerta para que los Mossos los escucharan”, ha expresado el inspector, de forma que se activaba a servicios sociales.
Los bancos pagaban un 'rescate'
Una vez que se habían ido los agentes, la mafia desmontaba esta escena simulada y arrendaba o vendían los pisos. “Lo alquilaban a otras personas vulnerables, en situación irregular en el país o que tenían familia, por lo que no podían dormir en la calle, y que en muchos casos no sabían que estaban alquilando un piso okupado”. Es decir, se lucraban económicamente de todos ellos.
Varios agentes de la policía de Mataró en un dispositivo contra los okupas / POLICIA LOCAL
Según el tamaño del piso, los criminales arrendaban las viviendas okupadas por habitaciones por las que percibían entre 200 o 500 euros al mes; alquilaban el piso entero por unos 1.000 euros o, directamente, los vendían al entregar las llaves por unos 5.000 euros.
Cuando las inmobiliarias o los bancos querían recuperar el inmueble, pactaban con la mafia un rescate. “De esta forma, se renunciaba a iniciar una acción penal que se podía dilatar en el tiempo y accedían al pago de entre 8.000 y 10.000 euros” a la organización que ahora ha caído. Además, existía un sistema para que el lucro fuera constante. Si la entidad recuperaba el piso pero en el periodo de un mes no tomaba medidas para evitar la reokupación, la misma mafia volvía a allanar el piso para pedir otra compensación económica.
El perfil de los detenidos
“Las okupaciones delincuenciales nos ocupan y nos preocupan, sobre todo porque no queremos que afecten a víctimas vulnerables que, como en este caso, alquilaban los pisos porque no tenían otra alternativa”, ha recordado Naharro. El perfil de los inquilinos eran familias en situación irregular y que no denunciaban, dado que la mafia les prometía que los recolocarían en otra propiedad y los amenazaban con una denuncia que podría propiciar su expulsión del país.
El inspector ha aclarado que en este operativo han caído nueve personas: los seis principales cabecillas de la red criminal y las tres mujeres subcontratadas, que tenían menores en edad no escolar, algunos bebés, y que recibían una media de 500 euros por okupación. Todos ellos se encuentran en libertad tras pasar a disposición judicial y, aunque los menores no se encontraban en situación de vulnerabilidad, será la DGAIA quien se haga cargo de esta situación. Los Mossos d’Esquadra les atribuyen a los detenidos los delitos de usurpación de inmuebles, estafa, delito contra la salud pública, defraudación del fluido eléctrico.