El titular del Juzgado de Instrucción 12 de la Ciudad de la Justícia de Barcelona ha citado este miércoles al exnúmero dos del Palau de la Música Jordi Montull y a su esposa Mercè Mir por presuntamente ocultar bienes para evitar pagar las indemnizaciones derivadas del caso Palau.

Los ha citado después de que la fiscalía los acusara de esconder los ingresos que recibieron del alquiler de un inmueble ubicado en el Masnou (Barcelona) que estaba embargado como parte de la indemnización a la entidad tras el desfalco cometido por Millet y Montull. En caso de que se demuestre que el matrimonio no comunicó a la Justicia estos ingresos, la fiscalía pide que se le imponga una pena de seis meses de prisión a cada uno de los investigados.

"Tenían pleno conocimiento"

La fiscalía mantiene que Montull y su esposa “no pusieron en conocimiento ni a disposición de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona el cobro de las cantidades económicas, que percibieron mensualmente los dos acusados cuyo 50%, correspondía a cada uno de ellos, tal y como fueron declarados al realizar la declaración correspondiente al IRPF”.

Añade que "teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados que debían satisfacer a la mayor brevedad posible, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas", decidieron arrendar la vivienda.

Recibieron 31.500 euros

El ministerio público aclara que la dueña de la vivienda es Mir y que fue esta quien, “con pleno conocimiento de que la finca estaba embargada” y que saldría a subasta pública para resarcir el daño al Palau de la Música" cuando su marido era el número dos, firmó un contrato de arrendamiento como parte arrendadora. El fiscalía mantiene que lo hizo a sabiendas, dado que advirtió de la situación en la que se encontraba la vivienda al arrendatario. Mir alquiló esta propiedad por 1.500 euros al mes, que recibió “puntualmente” a partir de enero de 2020 en su cuenta durante un año y nueve meses. En total, la familia recibió 31.500 euros.

Montull cumple una condena de cárcel de siete años y medio por el caso del Palau de la Música, y fue condenado junto al expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, a devolver los 23,8 millones de euros expoliados. De esta cifra, la Justicia ha recuperado 12 millones.