Un desahucio fantasma marcó ayer el colofón final del conflicto entre familias rusas y ucranias por un piso okupado en Sant Adrià de Besòs. Los Mossos desplegaron a primera hora un importante dispositivo de antidisturbios en la calle Mare de Déu del Carme del municipio barcelonés para hacer frente a los okupas y sus partidarios, pero en el número 78 solo encontraron un hogar vacío.
Que la vivienda llevara dos semanas deshabitada es una de las extrañas circunstancias que envolvieron el atípico lanzamiento en el dúplex de Gala, la madre rusa que denuncia que sus inquilinas ucranias aprovecharon la guerra para fingir ser refugiadas y arrebatarle el apartamento. Tres furgones de la Arro (Área Regional de Recursos Operativos) y agentes con fusiles acordonaron la calle y escoltaron a la comitiva judicial en previsión de un caso conflictivo.
El segundo asalto
La presencia policial no pasó inadvertida y numerosos vecinos se acercaron expectantes para preguntar qué ocurría. "Es una vergüenza", repetía uno de ellos, que afirmaba haber combatido en Kosovo y reprochaba a los antidisturbios que necesitasen un despliegue tan aparatoso para desahuciar a una sola familia.
La gran movilización no era arbitraria. Fue el juzgado quien decidió enviar un amplio dispositivo de seguridad para garantizar que Inha y Madlena, la madre e hija originarias de Ucrania que okupaban el dúplex, lo abandonaran. Especialmente después de que en febrero activistas de la PAH y el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs frustraran un primer intento de desalojo pese a la presencia de patrullas de seguridad ciudadana de Mossos y la Policía Local de Sant Adrià.
Ladridos falsos
La comitiva judicial cruzó el cordón policial a las 9.45 de la mañana y subió las escaleras de este edificio del barrio de Sant Joan Baptista. Al poco rato lo hizo también la propietaria, pero al otro lado de la puerta del piso okupado no había nadie. Solo se escuchaban ladridos.
La familia ucrania tenía un perro potencialmente peligroso (Pit Bull o Staffordshire), pero finalmente los ladridos resultaron ser provocados por un altavoz que reproducía una grabación. Es una artimaña habitual para dificultar los desalojos, puesto que en estos casos debe acudir también una protectora de animales, lo que alarga el trámite.
La puerta antiokupa
El embuste del perro imaginario y la instalación de una puerta antiokupas --por parte de las propias okupas-- alargó el desahucio mientras en el rellano que daba al dúplex superior de la finca, comitiva judicial y propietaria esperaban impacientes. Los antidisturbios trataron de forzar la entrada con un ariete, pero fue imposible acceder hasta que, dos horas más tarde, los cerrajeros lograron destrozarla con una radial.
Tras una larga lucha de dos años y nueve meses, Gala recuperó su piso con mucha satisfacción pero también conmocionada, según hizo saber a conocidos y familiares presentes en Mare de Déu del Carme. En el interior, encontró el apartamento en mejores condiciones de lo que esperaba, aunque le habían arrancado la caldera de cuajo, un robo que, según la secretaria nacional del PP contra la okupación, Elísabeth Jiménez, que también acudió para arropar a los propietarios, "se puede denunciar".
El tercer okupa
En la vivienda residía un tercer ocupante, la pareja de Inha. Este hombre ayudó a madre e hija a mudarse hace dos semanas: el 24 de octubre empaquetaron sus cosas y se instalaron en otro piso en la calle Marsala de Barcelona, en pleno Besòs profundo, una zona donde proliferan las okupaciones.
Fuentes vecinales apuntan que el compañero de Inha fue detenido sobre las mismas fechas, versión no corroborada por Mossos, que sí actuaron en la zona para arrestar a varias personas por motivos de "salud pública", pero que desvinculan el incidente de la familia ucrania.
Amenazas cruzadas
El peculiar desahucio ha estado precedido por un conflicto entre las familias de nacionalidades postsoviéticas, que se acusan de forma cruzada de amenazas. El entorno de las ucranias describe a la propietaria rusa como una suerte de mafiosa que se dedicaba a alquilar el dúplex por partes a varias familias extranjeras aprovechándose de su vulnerabilidad; todo sin contrato. Aún recuerdan las visitas de "matones" de madrugada.
En cambio, la propiedad asegura que son las okupas ucranias quienes chantajearon y, además, mintieron para hacerse pasar por refugiadas de guerra, cuando en realidad llegaron en 2020 y parte de su familia es española. En un mensaje supuestamente enviado por el Sindicat a solo un día del desalojo, se advierte: "De no llegar a un acuerdo y, lamentándolo mucho, no podremos facilitar el lanzamiento". Finalmente los activistas no aparecieron; tampoco las desahuciadas.
Miedo en la zona
Detrás de este cruce de versiones, quienes viven cerca aseguran que este caso no es tan particular como parece. "Es una pena que un barrio tan bien conservado, con unos pisos tan majos, esté mucho peor que hace 30 años", se exclama una vecina, Encarna, que esa misma noche había sufrido un intento de allanamiento en su casa.
La veterana de la zona respira con tristeza el "mal ambiente" que a menudo domina el vecindario, que ya ha sufrido varios tiroteos. "A las siete ya no me atrevo a salir a pasear al perro", confiesa. Más allá de las grandes soluciones pendientes en okupación y vivienda, los barrios que beben del río Besòs reclaman más atención de Mossos e instituciones para poder vivir con seguridad y en un clima social digno.