La mayor empresa de la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán de Salud (ICS), y el Ayuntamiento de Barcelona están defendiendo ante la juez que no hubo ningún tipo de corrupción en la cesión de la guardería del Hospital Vall d'Hebron a los sanitarios. Los doce investigados por presunta malversación y prevaricación han comenzado a declarar hoy ante la magistrada con un convencimiento: no hubo mala praxis, y la querella se sustenta en una "revancha sindical". 

Imagen de la guardería del Hospital Vall d'Hebron / CG

Ha ocurrido hoy en el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, donde se sigue el procedimiento penal contra los doce acusados por la cesión del centro infantil a la plantilla en 2013. Los primeros comparecientes han cerrado filas ante la juez Silvia López recordando que el servicio "llevaba abierto desde 1960" y no necesitaba licencia "porque el hospital ya la tiene". La guardería, pues, era un servicio anexo que no precisaba de permiso municipal. 

"No hay caso, es una revancha"

Eso en los detalles. Pero es que los imputados, entre los que hay altos cargos del ICS y exmandos de la empresa pública, han sostenido que la denuncia por presunta prevaricación y malversación presentada por una sindicalista es "una mera revancha sindical" contra sus excompañeras de UGT. Este medio ha preguntado esta semana al bufete Duran y Duran, que representa los intereses de la activista, pero no ha recibido respuesta. 

Fuentes cercanas a la defensa del único político imputado, el exconcejal de distrito de CiU Jaume Fibla, ahora en el PDeCAT, han defendido además que la querella "busca sacar un pequeño rédito político" de la gestión de la fuerza en Barcelona, ciudad que dejó en 2015, cuando ganó Barcelona en Comú con Ada Colau al frente. 

Laura Pelay, exonerada

Todo ello lo han expuesto los investigados ante la togada. Antes, se ha cerrado una de las piezas que afectaba a Laura Pelay, exsecretaria general de Salud con la exconsellera Alba Vergés. La misma denunciante que alertó de irregularidades en la guardería denunció persecución laboral, pero no se han visto mimbres de ello y la causa se ha sobreseído. 

Con ello, se enfría la tesis de la denunciante de que el sindicato UGT tomó represalias contra ella por sus denuncias de supuesta mala praxis. 

La guardería, cerrada por el ayuntamiento

Sea como fuere, la ludoteca de Vall d'Hebron está clausurada por el Ayuntamiento de Barcelona, que la precintó en septiembre ante los visos que estaba tomando el procedimiento penal. El hospital, que la mantuvo abierta desde 1960, argumenta ahora que legalizará el servicio tras décadas en funcionamiento. 

El consistorio actuó ante la denuncia de una exsindicalista, que avisó de posibles delitos en la cesión. Los indicios de ello se tendrán que acreditar ante la instructora del caso. Vinculado a la querella está una guerra sindical de la demandante contra UGT, sindicato del que salió tras una disputa. Tras ello recaló en CSIF y, ahora en CGT. 

Salazar y Martínez Ibáñez, imputados

Sea como fuere, la acción judicial ha tenido cierto recorrido. La juez López está conduciendo la instrucción del caso, confiando en la Guardia Civil y alejándose de la Policía Nacional para evitar contaminación del procedimiento, como explicó Crónica Global. Ha citado al actual gerente de Vall d'Hebron, Albert Salazar; a la actual directora del ICS, Yolanda Lejardi, y al ex máximo responsable del Hospital y ex alto cargo del Ministerio de Sanidad, Vicente Martínez, entre doce personas. 

Albert Salazar, gerente del Vall d’Hebron / VALL D'HEBRON

Pero fuentes cercanas a la instrucción recuerdan que "no hay pruebas de malversación", pues ésta se sustenta en "las compras de material para la ludoteca", y menos de prevaricación, pues "había un convenio firmado y nada hacía indicar que no fuera correcto".