El juez exculpa a una pieza clave del 'caso guardería' de Vall d'Hebron

La causa judicial que analiza supuesta corrupción en la guardería del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el mayor de Cataluña, ha perdido a una de sus piezas clave. Laura Pelay, exsecretaria de Salud con la consellera de Salud Alba Vergés, ha sido exonerada de persecución laboral a la delegada que denunció irregularidades en la ludoteca. 

Laura Pelay, exsecretaria de Salud y ex 'número dos' de la consejera Alba Vergés / CG

Informan de ello fuentes cercanas al caso, que detallan que hoy viernes arrancan las declaraciones de la docena de investigados por presuntas irregularidades en la gestión del espacio infantil. Entre ellos no está Pelay, formada en las filas de UGT de Cataluña antes de iniciar una breve aventura política con ERC, que ha sido exculpada de asediar a la sindicalista que denunció mala praxis en el equipamiento en una pieza separada de la causa. 

El caso sigue, pero pierde fuerza

Sí declararán como imputados una docena de personas. En la lista se incluye otra sindicalista y altos cargos del Instituto Catalán de Salud (ICS) como las exgerentes Candela Calle y Pere Soler; la actual directora, Yolanda Lejardi; el exgerente de Vall d'Hebron, Vicente Martínez Ibáñez, y su sucesor en el cargo, Albert Salazar, como avanzó Crónica Global. 

Todos ellos están imputados por malversación y prevaricación. Deberán explicar ante la juez Silvia López por qué cedieron una instalación pública a los sanitarios de Vall d'Hebron sin concurso ni concesión demenial durante décadas. Eso sí, el procedimiento judicial ha perdido fuerza, pues no hubo persecución a la sindicalista, tal y como ésta argumentaba. 

Lo que sí continúa: la falta de licencia

La ludoteca operó durante 40 años y cuenta con un convenio de cesión firmado en 2018, explicó este medio. Pero ya era tarde, porque el espacio no contaba en esos momentos con la correspondiente licencia municipal que le permitía brindar el servicio. Sus gestores trataron de legalizarla, pero no lo lograron. El ayuntamiento ya estaba en alerta por la alarma activada por la denunciante, exsindicalista de UGT y CSIF, ahora en CGT. En septiembre de este año cerró la guardería. 

En paralelo, el caso judicial sigue para dirimir las posibles responsabilidades penales. Fuentes policiales indican que el núcleo del procedimiento es la licencia. O la falta de ella. La Guardia Civil, que ha actuado de instructora, se ha centrado sobre todo en la falta de permiso oficial para regir una instalación que está en suelo público. 

El responsable fue el ICS

Esa falta de autorización oficial coloca en apuros a los ex altos cargos y directivos en activo del ICS. Son los que están más expuestos a una eventual condena judicial, añaden los mismos interlocutores, pues los datos recabados en lo que llevamos de instrucción son mucho más sólidos contra ellos. Las declaraciones que tendrán lugar a lo largo de la jornada concluirán esta etapa del proceso judicial y se deberá esperar a los escritos de conclusiones para saber qué dirección toma el llamado caso guardería de Vall d'Hebrón.

Joaquim Casanovas, exgerente del ICS y ahora director de la empresa pública en Girona / CG

La incógnita reside en qué pasará con Joaquim Casanovas Lax, el exgerente del ICS que firmó de puño y letra la cesión de la guardería a los trabajadores. Casanovas, ahora en el ICS Girona, no figura como imputado en el primer auto de la juez, pero está salpicado por el mismo. Es la segunda polémica que lo cerca tras el escándalo de las dietas irregulares que pagó a su ex número dos. 

Una sindicalista contra UGT

En el plano político, la argamasa del caso guardería implica un cisma sindical entre una antigua líder de UGT y sus excompañeras de sección. La denunciante, que alertó de las supuestas irregularidades en la guardería, afirmó que había sufrido acoso de las ugetistas y de la cúpula del hospital. Y demandó a Pelay, que fue secretaria general del sindicato antes de entrar en la Consejería de Salud. Pero la justicia no ha visto delito. También percibió financiación presuntamente irregular de la agrupación, algo que deberá demostrar. 

Por contra, la otra parte aduce que "no hay caso" y que todo se explica por una revancha de la activista del sector sanitario contra sus excompañeras. Todo ello con la gestión de una ludoteca cedida de forma tácita como beneficio a los 3.000 sanitarios de Vall d'Hebron, que "en su mayoría son mujeres". Era, recuerdan, un servicio que facilitaba la conciliación en el hospital. La pulcritud en la gestión del espacio es lo que se analiza con lupa en sede judicial.