El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un auto en el que rechaza el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas sobre el 25% del castellano en una determinada escuela catalana al entender que “no es incompatible” con la nueva ley sobre usos lingüísticos.

El auto rechaza la petición de la Generalitat de Cataluña, que pedía la revocación de las cautelares que reconocían el derecho de un alumno de primero de la ESO de recibir un mínimo del 25% de las asignaturas en castellano.

No afectan al derecho individual

El tribunal considera, tras examinar la nueva normativa, que la ley “no incide necesariamente en la decisión cautelar adoptada”, puesto que, “modifica el modelo lingüístico de la enseñanza pública, no el uso del castellano como lengua de uso curricular y educativo”. Recuerda, además, el derecho individual del alumno a recibir enseñanza en castellano "tiene base constitucional y está contemplado en la legislación básica estatal". 

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo mantiene también que tras la aplicación de la nueva ley lingüística, las cautelares sobre este centro en concreto "no afectan al derecho individual reconocido en sede cautelar al alumno". 

“No es incompatible”

Con esta resolución, el TSJC reitera lo expresado en autos anteriores, en los que ya rechazaba levantar las cautelares de otros centros catalanes. Entiende que, al igual que en las mencionadas escuelas escuelas, las cautelares aplicadas a petición de la familia del alumno no entran en confrontación con el proyecto lingüístico, dado que todavía no ha sido modificado por los centros.

“Cuestión distinta es que, en la aplicación singular que se realice en el centro docente de la nueva normativa, y conforme a los criterios establecidos en la misma, pudiera resultar afectada la medida cautelar decretada, pero en tanto no se produzca dicha aplicación, la medida no resulta incompatible con el nuevo marco normativo”, aclara.

La ley que esquiva el 25%, en el TC

Esta nueva resolución contradice el mensaje lanzado por el conseller de Educación Josep González-Cambray, que exigía a los directores de los centros afectados por las cautelares que dejaran de aplicar el 25% de castellano en las aulas. Alegó que las leyes lingüísticas aprobadas ya cubrían a las escuelas, tesis que no ha sido avalada por la mayoría de las direcciones afectadas, que han decidido mantener una segunda hora de castellano lectiva semanal para evitar desobedecer a los tribunales. 

Además, las nuevas normativas de la lengua en la escuela catalana están siendo revisadas por el Tribunal Constitucional. Se denuncia que pretenden dar esquinazo a las órdenes del TSJC de garantizar el mínimo del uso del castellano a los alumnos que lo solicitaron.