El equipo de abogados que se encarga de la defensa de Shakira ha restado importancia al hecho de que la jueza instructora haya anunciado que enviará a juicio a la cantante por seis delitos fiscales por los que la fiscalía solicita ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.
El equipo legal ha remarcado que el auto de apertura de juicio oral es solo “un paso más” en cualquier proceso “habitual” de estas características y ha asegurado que la situación para Shakira no ha cambiado. “Todo sigue su curso normal”, han expresado en declaraciones a Efe.
Atenuante de reparación del daño
El auto de la instructora llega casi dos meses después de que la cantante rechazara el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por fraude fiscal, por lo que el anuncio de este lunes no es ninguna sorpresa para Shakira. El 27 de julio la artista internacional anunció que no aceptaría ningún acuerdo argumentando que confiaba “plenamente” en su inocencia.
Dos días después, el 29 de julio, la fiscalía presentó un escrito de acusación en el que se solicitaban ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros por seis delitos contra la Hacienda pública. Como la cantante abonó en 2018, antes de que la fiscalía presentara una querella, los 14,5 millones que en aquel entonces le exigía la Agencia Tributaria --más otros tres de intereses-- la fiscalía le aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena.
Podría eludir la prisión
La artista colombiana todavía dispone de tiempo para pactar con las acusaciones --Hacienda y a la Agencia Tributaria Catalana, que le atribuyen cada una de ellas tres delitos fiscales-- hasta el momento de sentarse en el banquillo.
Como ninguna de las penas que se le solicitan supera los dos años de cárcel y la cantante carece de antecedentes, en caso de condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la pena y evitar su ingreso en prisión, si así lo acuerda el tribunal.
¿Residente en España?
La Fiscalía de Barcelona mantiene que la cantante residía en España de manera habitual entre 2012 y 2014, pero la cantante no tributó en el país. En concreto, argumenta que lo hizo primero en la Ciudad Condal y después en su actual vivienda de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En estos años, el Ministerio Público alega que la cantante pasó 242 días en 2012, 212 en 2013 y 243 en 2014, por lo que las ausencias del país "deben calificarse de esporádicas" dado que el tiempo para ser considerado residente fiscal es el 183 días.
Pero la artista internacional reitera que las acusaciones de la fiscalía constituyen “un total atropello”, puesto que siempre ha demostrado "una conducta impecable, como persona y contribuyente, y una plena disposición a solventar cualquier diferencia desde el primer momento, incluso antes del proceso penal". De hecho, tras negarse a pactar con la fiscalía la cantante aseguró que "jamás" se ha topado con una "persecución con tal falta de razonabilidad y tan encarnizada" por parte de la Hacienda española, "ni un uso tan evidente de la presión mediática y reputacional como mecanismo recaudatorio".