La juez del 'caso guardería' de Vall d'Hebron echó a la Policía Nacional por presiones

La juez que instruye el caso guardería de Vall d'Hebron, el mayor hospital de Cataluña, apartó a la Policía Nacional de las diligencias de la instrucción, y se las entregó a la Guardia Civil. Tras detectar que la agente encargada de las pesquisas del procedimiento que examina si hubo presunta mala praxis en la ludoteca del centro sanitario estaba bajo la presión de otros compañeros, la magistrada Silvia López cambió de cuerpo policial.  

Es lo que se desprende de la información que ha obtenido este medio de fuentes policiales cercanas al caso, que han indicado que la togada de la sala de Instrucción número 9 de Barcelona arrebató el caso a la Policía Nacional después e comprobar la dilación de las diligencias. De hecho, la denuncia por presuntos delitos en la ludoteca se interpuso en octubre de 2018, y los avances fueron muy escasos hasta julio de 2022, cuando la titular citó como investigadas a 12 personas, incluido el gerente del complejo asistencial. 

Cambio de cuerpo policial por "presiones"

Antes, no obstante, la juez Silvia López tuvo que cambiar de cuerpo policial porque los trámites que ordenaba tenían lugar en mitad de una fuerte presión por las conexiones en el interior del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Detectó "malestar" entre los agentes y entregó el procedimiento a la Guardia Civil, que es quien pilota las pesquisas en la actual fase de instrucción, han subrayado las mismas fuentes. 

De hecho, no es la primera vez que la magistrada López cambia de cuerpo policial. Ya lo hizo con la instrucción del caso por presunta corrupción en la Institución de las Letras Catalanas (ILC) cuando la expresidenta del Parlament Laura Borràs dirigía el ente. La togada confiaba en los Mossos d'Esquadra, pero ante las constantes filtraciones a la prensa, quitó el caso a la policía catalana y entregó los trabajos previos a la Guardia Civil. 

Educación lo sabía

El epicentro del caso guardería es si la ludoteca que han venido utilizando 300 hijos de sanitarios durante varias décadas es legal o no lo es. Una denunciante, Carmen Martínez, vinculada a la CGT, ha asegurado que "ha carecido de licencia y lo hace hasta ahora" y que, pese a ello, Vall d'Hebron le confió la gestión a una asociación que ella vincula a la UGT. Son mimbres para la denuncia penal que la activista interpuso contra los gestores del espacio y contra la gerencia. Le representa el abogado Miguel Durán, que hoy ha comparado el embrollo con el caso ERE de Andalucía. 

Lo cierto es que lo mollar es si el espacio tenía licencia o no, y desde cuándo. Ese es el núcleo de la disputa. Fuentes conocedoras han recordado a este medio que si bien la ludoteca no estuvo oficialmente comunicada al Ayuntamiento de Barcelona hasta 2022, el Departament d'Educació, competente en habilitar escuelas en Cataluña, conocía el caso desde 2014. Porque los propios sanitarios informaron a la consejería de que querían regularizar la situación del centro infantil. 

Lío con la licencia hasta la clausura

No obstante, Educación no otorgó permiso porque la guardería necesitaba de unas costosas obras. Ante ello, sus gestores contactaron con la ECA y un ingeniero para certificar el proyecto arquitectónico. El distrito de Horta-Guinardó pidió la licencia de actividad en 2017, y los responsables del centro, la asociación gestora, contestaron que el Govern era conocedor de la actividad, y que estaban en trámite de legalización. 

Pese a todo, el proceso no avanzó en varios años, y se encabalgó con la pandemia del coronavirus. Martínez había presentado la querella en 2018 y la juez acabó abriendo diligencias de investigación por presunta malversación y prevaricación, avanzó The Objective, aunque con el cambio de cuerpo policial citado. Finalmente, en septiembre de este año, el distrito ha clausurado el centro, provocando la ira de sindicatos como Satse y CCOO, que han pedido una solución para los hijos de los sanitarios. 

Emana de una disputa entre dos sindicatos

Sea como fuere, lo factual es que el caso guardería de Vall d'Hebron emana de una disputa entre dos sindicatos: la exrepresentante de CSIF y UGT. También es factual que se ha enmarañado hasta provocar la citación como investigados de gestores de primer nivel, como el propio Albert Salazar, gerente del hospital, pero también Yolanda Lejardi, actual gerente del ICS; Candela Calle, la pasada directora de la empresa pública, y Pere Soler, que ocupó el mismo cargo. 

Sin lugar a dudas, el imputado con más relevancia es Vicente Martínez Ibáñez, ex máximo responsable de la ciudad sanitaria, exgerente del ICS en Girona, ex alto cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo y, ahora, directivo en la Administración regional en Castilla y León con el PP y Vox. También están citados diversos mandos del distrito de Horta, por lo que el hecho de qué pasó con la licencia será clave para que la juez dictamine si hay indicios de delito o archive el procedimiento.