Los vecinos podrán instar a desalojar viviendas okupadas

El Govern prepara una reforma de Código Civil para que las comunidades de vecinos y los ayuntamientos puedan instar a desalojar una vivienda okupada en la que se lleven a cabo actividades delincuenciales o cuando generen problemas de convivencia si el propietario no actúa.

Así lo han confirmado la consellera de Justicia Lourdes Ciuró y la consellera de Drets Socials Violant Cervera en una rueda de prensa este miércoles. La medida se dirige principalmente a los grandes propietarios y a la Sareb, a los que han considerado “parte del problema” de okupación que atraviesa Cataluña.

Multas a los grandes tenedores

Con la reforma del Código Civil se podrán imponer multas a los grandes tenedores que desatiendan los requerimientos por inmuebles okupados, con sanciones que oscilarán entre los 9.000 y los 90.000 euros.

El proceso consistirá en que cuando un ayuntamiento detecte que en una vivienda okupada se están produciendo actividades delincuenciales deberá pedir al propietario que inicie una acción judicial para instar a la desokupación. Si en el plazo de un mes no emprende ninguna acción legal, tanto el ayuntamiento como la comunidad de vecinos podrán activar esta medida e iniciar el proceso por su cuenta.

Cataluña registra el 45% de las okupaciones

A partir de ese momento, quien determinará si la petición de desokupación es o no oportuna será un juez. Para que la desokupación prospere, la parte que haya instado al desalojo deberá aportar pruebas que le permitan obtener un pronunciamiento favorable.

Ciuró ha reconocido que existe "un grave problema" con las okupaciones de este tipo, que hacen "la vida imposible" a la gente. Cabe destacar que el 45 % de las ocupaciones que se producen en España se registran en Cataluña y, de estas, el 75 % se han producido en la demarcación de Barcelona.

Puede demorarse meses

La consellera de Justicia ha asegurado que está previsto que la propuesta de modificación del Código Civil esté lista la primera semana de octubre y que, paralelamente, están trabajando con Derechos Sociales para que los cambios en la ley de vivienda vayan en paralelo. 

Una vez tengan el proyecto listo, éste deberá ser aprobado por el Govern, con la intención de que se apruebe como Decreto Ley y, una vez aprobado por el Consell Executiu, debe pasar por un trámite en el Parlament, un proceso que puede demorarse varios meses.