La autoridad judicial se ha presentado durante la mañana de este jueves en el número 114 de la calle Gran de la Sagrera, donde hasta la fecha vivían Rebeca y sus tres hijos menores --de 15, seis y tres años-- y los han desahuciado. El desalojo lo han hecho acompañados de un gran despliegue de Mossos d’Esquadra, que ha trasladado once furgonetas de la Brigada Móvil (Brimo) para apoyar a la autoridad judicial en la ejecución del desahucio.
En el lugar se habían concretado decenas de vecinos, miembros de la comunidad educativa de la escuela en la que estudian los niños y miembros del Sindicat d’Habitatge de la Sagrera, que no han podido evitar el desahucio de la familia del piso, propiedad de una entidad bancaria, en el que llevaban residiendo más de una década.
Antidisturbios para ejecutar el desalojo
Los Mossos han cortado la calle y han desplegado agentes antidisturbios para disolver a las decenas de personas que se manifestaban contra la expulsión de la familia, según ha podido saber Betevé. Los agentes han identificado a las personas que se atrincheraron en las puertas del edificio y los han expulsado de la vivienda uno a uno.
La familia, que ocupó el piso en 2013 pactó un alquiler social con la entidad bancaria que finalizó en 2018. En ese momento, elevó el precio de ese alquiler hasta los 700 euros, una cantidad que la familia no ha podido asumir. La única opción que ofrece la entidad es realojarlos en otro piso del Raval, una opción que la familia ha rechazado por el arraigo de los niños en el barrio, donde han crecido y están escolarizados.
6.000 desahucios pendientes
El pasado mes de junio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, recordó que, tras la paralización de la actividad judicial durante la pandemia, se prevé un notable aumento de desahucios pendientes de ejecución. En concreto, está previsto que a partir de este mes de septiembre se ejecuten unos 6.000 en Cataluña.