La otra cara de los bicitaxis: los empresarios ‘pillados’ en el negocio

El Ayuntamiento de Barcelona le ha declarado la guerra a los 463 bicitaxis que, desde hace 15 años, forman parte de la estampa estival de la capital catalana. Desde el 21 de junio, el consistorio les exige una licencia para poder continuar con esta actividad económica que, hasta ahora, se había desarrollado en un limbo legal. Desde entonces, el gobierno de Colau ha ordenado que se confisquen aquellos vehículos que no dispongan del mencionado permiso y que se denuncie a sus conductores. El problema, aseguran los empresarios y empleados de este sector, es que recibieron el aviso con un día de antelación, por lo que el consistorio les ha dejado sin margen de maniobra.  

Desde la aparición de los primeros triciclos en la Barceloneta y en las inmediaciones de la Sagrada Familia, allá por 2007, estos vehículos han circulado a sus anchas en los márgenes de la legalidad. En 2017, el consistorio favoreció su proliferación al incluirlos dentro de la categoría de vehículos de movilidad personal (VMP), y se permitió su regulación con un sencillo registro. Así lo confirman fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, pero niegan que este registro les permitiera lucrarse realizando un servicio. “Hay una especie de vacío legal sobre este tipo de actividad económica que el Ayuntamiento lleva muchos años solicitando a la Generalitat que regule.”

Se necesita licencia de actividad

Ante la inacción de la Generalitat, el consistorio ha tomado las riendas y, desde el 21 de junio, les exige estar en posesión de una licencia. En un email del 20 de junio, el consistorio les comunicó que el registro del vehículo, por el que recibían una pegatina, ya no era suficiente para seguir operando en la Ciudad Condal. Esta trámite “forma parte de las obligaciones de identificación de los vehículos previstas en la Ordenanza de Circulación de Peatones y de Vehículos de Barcelona, pero en ningún caso exime de la realización de cualquier trámite y/o de la obtención de las autorizaciones o de las licencias que resulten preceptivas para el desarrollo de la actividad”.

“La actividad que desarrollan constituye un supuesto de uso común especial del espacio público y, de acuerdo con la Ordenanza sobre el uso de las vías y los espacios públicos de Barcelona, la realización de este uso está condicionada a la previa obtención de una licencia. Por este motivo, les informamos que en el caso que se lleve a cabo la actividad y no se disponga de licencia, podrán ser denunciados por los agentes de la autoridad y los vehículos podrán ser decomisados como medida cautelar”, reza el texto.

Los empresarios, en la estacada

Los empresarios y trabajadores denuncian que, al día siguiente de recibir este email, la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) comenzó a requisar los vehículos y a denunciar a los conductores. El problema es que muchos de ellos han hecho importantes inversiones que con esta nueva medida no podrán amortizar.

Es el caso de Md Pintu Ali, un joven de 30 años de Bangladesh que invirtió los 30.000 euros que había ahorrado durante 15 años en un local y 10 bicitaxis: uno que él mismo conducía y 9 que pilotaban otros compatriotas. De estos nueve trabajadores --ahora desempleados-- cinco eran empleados a jornada completa y cuatro trabajaban como autónomos, alquilando el vehículo al pequeño empresario. Vehículos que se encuentran inmovilizados o confiscados desde hace 21 días. “Hemos pasado dos años sin trabajar por la pandemia, después sufrimos por la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia y ahora nos dicen que no podemos trabajar. Podemos circular pero solos, no con clientes”, denuncia.

Extranjeros sin recursos

El empresario lamenta que, el hecho de que la medida haya entrado en vigor de forma inminente y a las puertas de la época estival les hará “perder el verano”, dado que los trixis no operan “durante los meses más fríos, de noviembre y marzo”.  “Aunque quedamos solicitar la licencia, cuando la obtengamos habrá terminado el verano, que es la temporada alta. Es una trampa”, asegura. El joven asegura que este parón le ha supuesto una pérdida de 27.000 euros, a los que se suman un préstamo de 7.000 que se ha visto obligado a solicitar junto a otros compañeros en sus mismas circunstancias.

En su mayoría, expresa, los dueños y empleados son bangladesís, paquistanís y latinos. “Los españoles se han retirado, a excepción de unos pocos propietarios, por la presión del Ayuntamiento, que nos asfixia con las multas”. Md Pintu Ali asegura haber acumulado 16.000 euros en sanciones. Por eso, explica, la mayor parte de los conductores de bicitaxis no ingresan las ganancias en sus cuentas españolas, que tienen embargadas. “Los 400 bicitaxistas no guardan el dinero en sus cuentas bancarias porque tienen entre 10.000 y 30.000 euros de multa”.

“Queremos trabajar”

Los cientos de afectados se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su precaria situación económica. Es el caso de Nion, también de Bangladesh y que, durante dos meses trabajó a jornada completa como conductor de uno de los triciclos de La Barceloneta. El 21 de junio su jefe lo echó. Desde entonces, no tiene ningún ingreso económico.

“De un día para otro nos empezaron a requisar las bicicletas, aunque estaban registradas y tenían las pegatinas del Ayuntamiento de Barcelona”, expresa. Desde entonces, la situación es “dramática”. La mayoría, dice, tienen familias y han empezado a buscar otros empleos, sin suerte. “No queremos ayudas ni paro, lo que queremos es que nos dejen trabajar, aunque tengamos que regularizar la situación. Queremos una solución”.

"Tenemos familia y gastos"

Sobre la posibilidad de obtener la pertinente licencia que les permitía seguir operando, Nion denuncia que desde el ayuntamiento no les han facilitado ningún tipo de información. Además, insiste en que tampoco les garantizan que si consiguen la licencia puedan trabajar. Con este panorama, el sector solicita una moratoria que les permita circular en verano para poder hacer frente a los gastos. “Todos tenemos familia, facturas que pagar, estamos en una situación muy difícil, no sé qué vamos a hacer”, lamenta Nion.

La desesperación de los bicitaxistas ha llevado a alguno de ellos a salir de extranjis, un par de horas al día, para ganar lo suficiente como para pagar las facturas. “Somos personas débiles y tenemos gastos que pagar”, denuncian. Con este escenario, Md Pintu Ali pide que el consistorio considere que “ninguno tiene esa nueva licencia” y que les deje circular hasta poder obtenerla en temporada baja. “Tenemos todo en regla”, defiende, “seguro de responsabilidad civil, registro BSM y contratos en regla por los que cotizamos y pagamos impuestos”. A pesar de sus súplicas, y de las manifestaciones en la plaza de Sant Jaume, el consistorio no ha dado su brazo a torcer.

“Barcelona no es Bombay”

Pero desde el Ayuntamiento son tajantes. Barcelona quiere eliminar esta actividad económica de sus calles. Considera que genera problemas de circulación, del uso del espacio público y que ponen en riesgo la seguridad de los viajeros y demás usuarios de la vía pública. Todo esto ha motivado que distritos como Sant Martí y Ciutat Vella hayan aprobado ordenanzas que prohíben su circulación por algunas de sus calles por “una cuestión de seguridad viaria”. Además, los bicitaxis no encajaban en el modelo de turismo que la Ciudad Condal pretende atraer. Así se desprendía de las palabras del primer teniente de alcalde de Barcelona Jaume Collboni cuando aseguró que "Barcelona no es Bombay".

No obstante, se defienden alegando que el consistorio “no está prohibiendo una actividad que nunca ha estado permitida”. Las mismas fuentes añaden que, aunque los conductores obtengan una licencia, los trixis ya no tienen cabida en la Ciudad Condal. “Podrán obtener las licencias aquellos que los usen para trasladar una carga, en baúl, pero no pasajeros. No existe ninguna licencia para esta actividad porque la Generalitat nunca la ha regulado”, aclaran. Tras varios meses de guerra a los bicitaxis y de miles de sanciones los tricilos turísticos parecen haber pasado a la historia.