El Govern prevé sanciones de entre 2.001 y 6.000 euros e inmovilizar el vehículo a los VTC de fuera de Cataluña. En cambio, contempla conceder autorizaciones para circular por vía urbana solamente a los que tengan licencia domiciliada en la comunidad y con un coche adscrito de forma permanente. 

Así consta en el borrador de decreto ley de medidas urgentes para regular este tipo de vehículos y que el Ejecutivo autonómico quiere aprobar con una vigencia de dos años, prorrogables durante otros dos. Se está a la espera de que, cuando se disipen las dudas jurídicas sobre esta cuestión, se prepare una ley más amplia que regule aspectos que no pueden tratarse vía decreto.

No fija un VTC por cada 30 taxis

Según explica Efe, el borrador --que debería estar listo durante el mes de julio-- no fija la ansiada ratio de un VTC por cada 30 taxis, como reclaman los taxistas. En cambio, sí prevé que no puedan emitirse nuevas licencias y que éstas no puedan transmitirse cuando la autorización sea para circular en el interior de ciudades. "Las autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito urbano no son transmisibles excepto en los supuestos, en caso de titularidad por parte de personas físicas, de muerte, jubilación o incapacidad de su titular, en favor de sus herederos forzosos", señala el documento.

Además, para poder operar estos vehículos en ámbito urbano, se deberá "ser titular de una autorización de alquiler de VTC de ámbito estatal domiciliada en Cataluña, con un vehículo permanentemente adscrito con una antelación mínima de seis meses respecto a la entrada en vigor de este decreto".

Esto supone impedir que operen VTC de otras comunidades y estabilizar las licencias ya existentes en Cataluña. Según los últimos datos, hay un total de 3.066, aunque el Govern cifra en 1.455 las licencias realmente activas. De ellas, solo la mitad corresponden a plataformas como Cabify o Uber, que están en el punto de mira del sector del taxi. El resto son de uso tradicional para actividades como bodas o entierros.

Endurece las sanciones y el control policial

Por otro lado, el borrador también endurece las sanciones, que pueden alcanzar cuantías de entre 4.001 y 6.000 euros. Y habilita a los cuerpos de seguridad a inmovilizar los vehículos de forma inmediata cuando detecten algunas infracciones muy graves.

Imagen de un coche de Cabify frente a una hilera de taxis / EP

También se iguala el precio de los seguros de responsabilidad civil que deben pagar los conductores de VTC y los de taxis; se obliga a los conductores de VTC a tener carnet de conducir desde hace más de un año; cada licencia de VTC deberá estar asociada a un vehículo en concreto; y se abre la puerta a que entes locales como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impongan formaciones específicas y fijen horarios obligatorios.

Asimismo, el decreto prohíbe aparcar en la vía pública o recoger a clientes directamente de la calle, así como los 15 minutos de espera obligatorios para clientes que soliciten un VTC o la prohibición de usar geolocalización antes del servicio.