Este miércoles, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha presentado la memoria de actividades de los órganos judiciales de Cataluña correspondientes al año 2021. El año pasado supuso la reanudación de la actividad judicial tras la paralización absoluta de todos los procedimientos y la actividad ordinaria de los juzgados entre marzo y junio del año anterior a causa de la pandemia del Covid-19. Esto incluye también los desahucios, que en Cataluña se prevé que experimentarán un notable aumento. La previsión es que se ejecuten unos 6.000 a partir de septiembre. 

A pesar de las restricciones, el pasado año se alcanzó un registro de procedimientos parecido al de 2019, con un volumen de ingreso de 1.010.087 asuntos en los tribunales catalanes. No obstante, con un gran esfuerzo por parte de los juristas, el año pasado la tasa de resolución superó el 100%, lo que supone que se resolvieron más casos de los que ingresaron. Este hecho contribuye a ir reduciendo la dependencia y los tiempos de respuesta de los tribunales. "Es nuestro objetivo, la única forma de que se reduzcan los tiempos", ha asegurado Barrientos. "Debemos aspirar a que la organización sea capaz de responder al mismo nivel de ingresos, algo que no se había conseguido hasta este pasado año". 

Más de 9.000 desahucios

La pérdida de la vivienda por falta de pago de la hipoteca o del alquiler sigue siendo un problema social en Cataluña que tiene reflejo en la actividad de los órganos judiciales. En el año 2020, se produjo un notable descenso de los lanzamientos, mientras que en 2021 la cifra de desahucios acordados ha aumentado respecto al año anterior, pero se mantiene muy por debajo de los datos de 2017, 2018 y 2019. En total, el año pasado se efectuaron 9.398 lanzamientos en toda Cataluña, aunque en esta cifra no se incluyen los desalojos de viviendas okupadas ordenados por los jueces de instrucción. 

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 --con efectos de estas moratorias hasta el 30 de septiembre de 2022-- ha introducido la posibilidad de suspender los procedimientos de desahucio o los lanzamientos ya acordados por motivos de vulnerabilidad económica acreditada que imposibilite encontrar una alternativa habitacional al demandado u ocupante de la vivienda. "El proceso civil de desahucio tiene que suspenderse y el lanzamiento, aunque haya sido ordenado, no puede materializarse mientras estén en vigor esta moratoria", ha expresado Barrientos. "En el momento en el que se levanten las moratorias a estas personas vulnerables, afrontaremos un escenario ciertamente complejo. En el momento en el que se alcen las moratorias en septiembre, se reactivarán unos 6.000 desahucios suspendidos. El órgano judicial tendrá que hacer efectivas las órdenes de lanzamiento, pero serán las Administraciones las que tendrán que ofrecer alternativas habitacionales a los afectados". 

Cataluña no es atractiva para los jueces

Los datos reflejan un sensible aumento en 2021 del número de denuncias por violencia de género. "Los datos son lamentables, tristes", ha expresado Barrientos, dado que se han alcanzado los niveles de denuncias de 2019. El presidente del TSJC ha expresado que en Cataluña se otorgan tantas órdenes de protección a las mujeres como se deniegan, un hecho que no es habitual en el resto del país, donde se concede más protección a las víctimas. "No hemos encontrado la razón de esta desviación porcentual, que no sucede en el resto del Estado". El número de asesinadas en 2021 fue de ocho mujeres. "Nos gustaría que este número se redujera hasta desaparecer". 

Para hacer frente a todos estos litigios, Cataluña cuenta con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo de la media estatal, con 12 jueces para esta cifra. "En otros países de la Unión Europea la media se acerca a los 20 jueces, pero no pedimos eso. Pedimos que se equipare a la media estatal", ha solicitado el presidente. En Cataluña faltan jueces. De los 178 jueces sustitutos, hay 95 que están ocupando vacantes vacías. Además, hay una fuga de magistrados. ¿Cuántos jueces concursaron voluntariamente desde otras comunidades a Cataluña? Tres. ¿Cuántos se fueron a otros territorios? Sesenta y ocho. "Por la razón que sea, Cataluña no resulta atractiva para jueces y magistrados", ha lamentado Barrientos. Por eso, considera que habría que valorar algunos incentivos económicos. "Es un conjunto de circunstancias: el precio de los alquileres, la crispación social, el manejo de la lengua, el conocimiento de un derecho civil propio...", ha analizado. 

Solo el 7% de las sentencias en catalán

El porcentaje de sentencias redactadas en catalán no llega al 7%, con 18.038 frente a las 241.958 en castellano. En 2020 se ha introducido una herramienta en el ámbito civil con una funcionalidad que obliga a todo demandante que introduce una denuncia en el sistema a hacer uso del derecho u opción lingüística, de modo que tiene que elegir la lengua con la que quiere comunicarse con la Administración de Justicia. "Los datos resultan reveladores, solo el 22% de las personas litigantes en 2021 han hecho uso del derecho de opción lingüística y de ese porcentaje el 14% han indicado como opción lingüística el catalán, mientras que el resto ha elegido el castellano", ha expuesto el presidente del TSJC. 

Barrientos no solo ha querido exponer la carga de trabajo de los tribunales, sino mostrar el estado real de la organización desde la perspectiva de las necesidades. "En la medida en la que se identifiquen, generamos una expectativa razonable para que los políticos, que deciden en qué se invierten los recursos públicos, valoren el servicio esencial del Sistema de Justicia". El presidente ha asegurado que el Govern destina solo 66 euros de su presupuesto por ciudadano a Justicia. "Tenemos edificios judiciales muy precarios, incluso con problemas de habitabilidad serios: apagones de luz, caídas de sistema, edificios a 30 grados, obsoletos, sin espacio para la custodia de los acusados... Se trabaja en condiciones casi insalubres", ha denunciado. 

El 50% son causas penales

De los asuntos que han ingresado en los tribunales catalanes en 2021, el 50% son causas penales y el 42%, civiles. No obstante, los litigios penales han descendido con respecto a los años anteriores dado que algunas actividades delictivas están estrechamente relacionadas con el turismo. En la jurisdicción civil el aumento de casos con respecto a 2019 es muy notorio, derivados de la crisis económica del Covid-19. También aumentaron los litigios contenciosos administrativos relativos a las sanciones que impuso la Administración Pública para hacer cumplir las restricciones sanitarias. En la jurisdicción social, los niveles se mantuvieron estables. "Tiene que ver que muchos de los trabajadores pudieron acogerse a los ERTE o PERTE". 

De hecho, la aplicación de los ERTE frenaron los litigios por despido. No obstante, las ejecuciones hipotecarias aumentaron. "En estos procedimientos la entidad bancaria hipotecante inicia los trámites para recuperar la garantía, que en este caso es la casa". A partir de 2020-21, se ha experimentado un incremento muy notable de estos litigios. En 2021, las entidades bancarias, quienes instan este tipo de procedimientos estaban esperando a que el Tribunal Europeo se pronunciase sobre algunas de las cláusulas, como las de vencimiento anticipado. La sentencia del Tribunal de Justicia en 2019 despejó las dudas sobre en qué escenarios litigar para que las entidades bancarias puedan acudir a los tribunales. A partir de ahí, se observa un aumento significativo que perdura hasta hoy.