El TSJC cancela el derribo de once naves industriales en un polígono de Sesrovires

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado la inejecución de la sentencia que ordenaba el derribo de once naves industriales en un polígono industrial de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) en el marco de una batalla judicial que comenzó hace más de 14 años y que enfrenta al Ayuntamiento de Sesrovires con la familia Ferràs, los propietarios de las tierras. 

La disputa se remonta al año 2008, cuando la justicia impugnó varias licencias de obras del polígono industrial de Sesrovires --concedidas por el Ayuntamiento en los años 90--, por considerar que habían sido otorgadas sin los previos instrumentos de gestión urbanística correctamente aprobados. En 2010 se ordenó el derribo de las once naves construidas “ilegalmente”, ya que las obras fueron concedidas "a quien no era el legítimo propietario de las tierras", asegura la familia.

Indemnización económica

Ese mismo año el Ayuntamiento se comprometió a normalizar la situación urbanística del polígono. Una normalización que afectaba a un área industrial de unas 200 naves, 350 interesados y más de 1000 trabajadores.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha formulado hasta cinco incidentes de inejecución de la sentencia con el objetivo de no derribar las naves. En su último incidente, el TSJC ha acordado sustituir el derribo por una indemnización económica a favor de la familia Farràs que tendrá que asumir la administración pública por los daños y perjuicios causados a los propietarios de las tierras.

Recurso de casación

De acuerdo con el abogado de los Farràs, Sergi Aymerich, el interés de las 14 familias no es económico, sino que buscan que se cumplan las sentencias y se derriben las naves “ilegalmente edificadas” por alguien que no era el propietario de los terrenos.

Es por ello que, si finalmente se mantiene la resolución del TSJC, la familia se verá obligada a interponer contra esta sentencia un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “No puede ser que todo se arregle con dinero. Es una cuestión de concepto. Nadie dio el permiso al Ayuntamiento para construir sobre nuestras tierras”, ha apuntado el abogado.