La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre una clínica de tratamientos médicos estéticos que se negó a realizar un implante capilar a un paciente con VIH.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, en 2018 el hombre contactó con la clínica de Barcelona para interesarse sobre un tratamiento quirúrgico de implante capilar. En la conversación que mantuvo con la doctora, el paciente le explicó que era portador del VIH pero que se medicaba regularmente, por lo que la carga viral era indetectable.
“Política de empresa”
La doctora comunicó este dato a sus superiores y, desde la dirección de la empresa, decidieron rechazar la práctica de la intervención quirúrgica sin ni siquiera haber practicado los pertinentes análisis o estudios médicos al paciente. La decisión le fue comunicada al afectado mediante correo electrónico aduciendo a la “política de empresa”.
Dado que la intervención quirúrgica referida no entrañaba ningún riesgo ni para el paciente ni para los profesionales, la fiscalía entiende que los responsables de la clínica incurrieron en un delito contra el ejercicio de los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas del afectado, por lo que solicita una pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión para ambos durante un periodo de tres años. Además, solicita que la clínica le abone 2.500 euros a la víctima por los daños morales causados.