Hay dos millones y medio víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, de redes de trata y explotación sexual en el mundo. Se trata de delitos transnacionales que mueven al año más de 31.000 millones euros y donde también ha irrumpido la digitalización, lo que ha favorecido el sexting, la pornoextorsión y la comercialización de material con abuso sexual infantil.
“Hay muchas maneras de explotación sexual. Y hay que darle rostro de género a estos delitos. Porque los explotadores suelen ser hombres. Si no hay cliente, no hay trata”, explica Nancy Alé, experta en trata y coordinadora del programa que la ONG Educo lleva a cabo en Bolivia contra la trata y la explotación sexual.
La pobreza, la exclusión del sistema educativo, la pandemia de Covid y la crisis económica componen un perfecto caldo de cultivo para esos delitos sexuales. “Mujeres y niñas asumen riesgos y los explotadores se aprovechan de esa situación de vulnerabilidad”, afirma Alé. Ella conoce bien la situación en Latinoamérica, donde operan bandas que trafican con las víctimas y las envían a Europa. “Conocemos las cifras de personas que han estado en contacto con asociaciones, ONG o con la policía, pero hay muchas más. En Bolivia solo hubo una sentencia judicial por trata en 2020 y 450 denuncias. En Bolivia, una niña que tiene contar hasta 16 veces su explotación sexual, en ocasiones para nada. El problema es que tenemos un sistema policial corrupto y no existe especialización en este tipo de delitos”, asegura la experta.
Nancy Alé, coordinadora del programa de Educo contra la trata y la explotación sexual en Bolivia
Alé considera que, en su país, las leyes relativas a la explotación sexual “nacieron de forma muy confusa, se mezcla trata e inmigración. Hay hasta 14 formas de explotación. Sexual, laboral, mendicidad, matrimonios forzados… Hay una lógica económica en esos delitos: todo se puede comprar y vender. Hay un negocio alrededor de los pisos donde ejercer la prostitución, por ejemplo”.
España es el quinto país en recepción de mujeres explotadas procedentes, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa del Este. La guerra en Ucrania ha puesto el foco en esas redes, pero Alé advierte de que “eso provoca que se desatiendan otras fronteras. La guerra genera una diáspora y un alto riesgo. Mujeres con niños captadas, sin documentación. Si los niños se pierden en el camino, es difícil ponerlos en las estadísticas, son el caldo perfecto para los tratantes”.
El Código Penal en Bolivia contempla los denominados delitos conexos que, en el ámbito sexual, comprende el comercio, pornografía, proxenetismo, etcétera. Pero los expertos consideran que las leyes se tienen que actualizar y que los países deben actuar conjuntamente.
El Protocolo de Palermo
El Protocolo de Palermo de Naciones Unidas era muy claro respecto a la consideración de la trata de personas como delito organizado. “Pero actualizar esa mirada es necesario a nivel internacional”, insiste Alé.
El movimiento #metoo ha dado mucha visibilidad a la violencia sexual, pero en Bolivia sigue teniendo carencias ante el reto digital y la educación. El gobierno de Evo Morales avanzó en la reducción de la brecha de género en la educación, “pero desde hace cinco años tenemos un problema serio, no cumplimos con los requisitos de calidad educativa. Los chicos aprenden sexo en internet, a través de la pornografía y de conductas de sumisión. La prevención pasa por trabajar con menores, pero también a los adultos”.
Las niñas están expuestas al tráfico internacional de personas / EP
Ese es el objetivo de Protejeres (Programa Tejiendo Redes Seguras), coordinado por Educo y que pretende garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y de explotación sexual. Este programa nació en 2019 e incluye actuaciones en barrios, talleres y escuelas.
Nancy Alé señala cuatro niveles de intervención. Por un lado, el fortalecimiento de las instancias que protegen a las víctimas, como la creación de centros de acogida --en Bolivia solo hay cuatro gracias a la iniciativa civil--, así como el trabajo con niños desde una perspectiva género. En este sentido, Alé cree que hay que “desestructurar mentalidades, fomentar el autocuidado y convencer a las víctimas de que no son culpables”. La investigación y la comunicación social, así como aprovechar la potente organización comunitaria que hay en Bolivia también forman parte de Protejeres.