La justicia de Barcelona ha rechazado la intención de Òmnium Cultural de unir en una sola investigación la entrada a los móviles de los dirigentes de ERC Roger Torrent y Ernest Maragall en 2020 a la que habrían sufrido directivos de la entidad independentista. Ambos mediante el presunto uso del software Pegasus.
La organización presidida ahora por Xavier Antich denunció este hecho ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, la sala que ha iniciado las pesquisas sobre el supuesto ataque a los móviles de los republicanos. Con todo, el magistrado que la lidera ha declinado ampliar la causa, que aún está en una fase inicial, y ha remitido el escrito al decanato.
Decisión sobre la admisión a trámite
La querella de Òmnium ha recaído en la sala vecina por el reparto habitual que se realiza en los tribunales. Será finalmente el titular del Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona el que analice la denuncia de la organización independentista. Primero se tiene que pronunciar sobre si está fundamentada y se puede admitir a trámite.
Ya ha dado el primer paso al respecto. Ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre si es el competente para analizarla o no.
Querella de Òmnium y de la CUP
La denuncia fue presentada por el exvicepresidente de Òmnium Marcel Mauri; la responsable del área de internacional, Elena Jiménez, y Txell Bonet, periodista y compañera del expresidente Jordi Cuixart. Se dirige contra la empresa NSO Group, el grupo israelí que desarrolló el programa de ciberespionaje de teléfonos Pegasus.
Además de Òmnium Cultural, cargos de la CUP supuestamente espiados presentaron también una segunda querella contra NSO ante el mismo juzgado de instrucción número 32. Fuentes jurídicas señalan que esta causa tenga la misma suerte, por lo que podría recabar en el mismo tribunal de Òmnium e incluso en otra sala.
Reactivación de la causa de Torrent y Maragall
En cuando al juez que indaga el espionaje a Maragall y Torrent, reactivó la investigación la semana pasada. Hizo pública una resolución en la que requirió al abogado de ambos dirigentes de ERC que aporten los terminales que fueron presuntamente atacados con Pegasus para llevar a cabo el informe pericial correspondiente.
El magistrado ordenó esta diligencia, encaminada a analizar los teléfonos espiados, más de año y medio después de que se lo solicitara el fiscal del caso. El Ministerio Público presentí un escrito en ese sentido el 15 de octubre de 2020 y, hasta ahora, la investigación ha languidecido.