Barcelona pagará con dinero público las obras de una casa okupa

El Ayuntamiento de Barcelona pagará las obras de mejora de una casa okupa. La Administración local costeará los trabajos de insonorización del autodenominado Casal Popular Tres Lliris, que es la antigua comisaría de la Policía Nacional de Lesseps del distrito de Gràcia. 

Precisamente, es el gobierno de ese distrito, el de Gràcia, quien se compromete ahora a insonorizar el local okupado. Se desprende de la respuesta municipal que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona a este medio, que preguntó por la firma de una renovación del convenio de cesión del espacio. Según el consistorio, "el convenio indica también el compromiso del distrito en adecuar el espacio para reducir el impacto sonoro del entorno y garantizar el descanso vecinal en la zona". 

No instarán al desalojo: les pagarán las obras

De esta respuesta se desprende una conclusión: el Ayuntamiento de Barcelona no instará al desalojo de un activo municipal que ha sido okupado --la antigua comisaría es del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab)--, sino que pagará las obras de mejora del espacio para los intrusos.

¿Cómo lo justifica? "Estas obras se iniciarán en los tres meses posteriores a la firma del convenio, y permitirán mejorar las características acústicas del local para favorecer la convivencia", ha indicado un portavoz. "Las actividades sonoras amplificadas no estarán autorizadas hasta que se hayan ejecutado las medidas de mejora acústica prevista". 

"Equipamiento juvenil"

Según la Administración local, el convenio entre distrito y okupas "tiene como objetivo continuar dotando al distrito de un equipamiento juvenil abierto a todos los vecinos". El pacto con los allanadores "especifica que el espacio deberá ser abierto a todos los vecinos y otras entidades" de Gràcia. Es lo que el ayuntamiento llama "retorno social al barrio", una actividad que deberá "respetar el descanso de los vecinos y el entorno". 

Previo a ello, se acometerán los trabajos. "El convenio incluye la legalización de la actividad ajustándola a normativa", precisa el bipartito. Asimismo, "se hará un seguimiento de los acuerdos de forma periódica con el fin de garantizar el derecho al descanso de los vecinos, así como el derecho de la asociación a desarrollar su tarea". 

Molestias

Este último punto es importante porque el acuerdo de cesión --"que se firmará en las próximas semanas"--, que tendrá una validez de cuatro años, contempla las "revisiones periódicas" por parte del distrito para "asegurar el cumplimiento de todos los acuerdos incluidos en la cesión". Incluyendo el "retorno social al barrio, la apertura del casal y el derecho al descanso de los vecinos". 

El extremo del ruido es nuclear porque la fiscalía abrió diligencias por las múltiples quejas de vecinos por la imposiblidad de dormir en el pasado. Las acabó archivando, pero constan unas 30 denuncias de residentes y decenas de intervenciones de la Guardia Urbana, como explicó este medio. También hay una orden de cese de actividad por abuso de permiso, pero el ayuntamiento ya ha dicho que quedará superado con la presente renovación del convenio.