El distrito de Gracia de Barcelona, que preside el concejal Eloi Badia, de Emergencia Climática y Transición Ecológica, ha renovado el convenio con los okupas del lugar pese a un expediente de cese de actividad en vigor, a que éstos han impagado el alquiler del convenio anterior y a que Guardia Urbana ha actuado en 78 ocasiones en el edificio allanado. 

Es lo que consigna lo aprobado en la Comisión de Gobierno del jueves, en la que el Ejecutivo local aprobó la firma de un nuevo convenio con los allanadores del autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, la antigua comisaría de Policía Nacional de Lesseps. El acuerdo consiste en la cesión de uso de la planta baja del número 203 a 217 de la calle Torrent de l'Olla a la Asociación El Jovent Gracienc. 

Orden de cese

El nuevo pacto entre Ayuntamiento de Barcelona y lo okupas de Gracia tiene lugar pese a que el distrito tiene abierto un expediente de cese de actividad por abuso del permiso contra los intrusos. Como explicó este medio, los radicales también impagaron el alquiler del anterior convenio y han generado una cantidad ingente de actuaciones policiales junto al edificio tomado a la fuerza. 

Sea como fuere, el nuevo convenio da fuerza legal a la okupación, cuyo primer convenio firmado en 2017 vencía en septiembre de 2021. El documento consolida la toma forzosa del activo del Instituto Municipal de Vivienda (Imhab) y da cobertura administrativa a las actividades que los antisistema puedan desarrollar allí. 

Molestias

De este modo, los anticapitalistas podrán desarrollar sus saraos en Tres Lliris pese a que hay también unas treinta denuncias vecinales por molestias a los vecinos, como explicó Metrópoli Abierta. 

De hecho, el ruido provocado por los okupas provocó una investigación de Fiscalía por posible delito, aunque el ministerio público acabó archivando las diligencias. 

Okupada en 2015, cedida en 2017

Cabe recordar que el Casal Popular Tres Lliris nació como continuidad de otra propiedad allanada anterior en 2015. Aquel año, radicales de Gracia asaltaron el inmueble y lo renombraron. 

El Ayuntamiento de Barcelona pactó un acuerdo de cesión con el colectivo, aparejado a a ejecución de unas obras de las que jamás se aclaró quién pagó.