La pandemia contribuyó al incremento de situaciones racistas en Cataluña durante 2021

La pandemia contribuyó al incremento de situaciones racistas en Cataluña durante 2021. La mitad de ellas consistieron en agresiones y discriminaciones entre particulares o por parte de los cuerpos de seguridad pública, mientras que el 16% de los casos corresponden a discriminaciones en el acceso a derechos sociales.

Así lo constata el informe anual elaborado por la organización SOS Racisme, que tiene como objetivo contribuir a la visibilidad del racismo a través de la denuncia pública en Cataluña. El estudio se basa en las 648 denuncias atendidas por la asociación en 2021.

Racismo y pandemia

Paula Rossi, portavoz de la organización, ha asegurado que ante una situación extrema como la pandemia, “no solo han incrementado los casos, sino que también se han visibilizado más”.

Según indica el informe, el 20% de los nuevos casos asumidos corresponden a discriminaciones racistas por parte de los cuerpos de seguridad pública. Un abuso que ha aumentado el último año debido a “un mayor número de intervenciones policiales” derivadas del toque de queda, el uso obligatorio de mascarillas o las limitaciones de movilidad, ha explicado Rossi.

También se ha registrado un repunte de las desigualdades por racismo en el acceso a los derechos sociales como la vivienda, la sanidad o las ayudas, que han aumentado de 22 casos en 2020 a 67 en 2021.

Aumentan las situaciones racistas en Cataluña

En 2021 la asociación atendió a un total de 648 personas, de las cuales 334 han sido identificiadas como situaciones constitutivas de racismo en Cataluña, un 85,3% más que en 2020. El 30% de los casos corresponde al ámbito entre particulares, especialmente entre vecinos. Una cifra que evidencia un deterioro importante de la convivencia, asegura el informe.

De estas situaciones, más del 63% no se han denunciado por "miedo a las represalias y a la dificultad de acción debido a la omisión por parte de la administración pública", ha asegurado la portavoz. Un aumento importante respecto al histórico, que oscilaba entre el 30% y el 40%. Solo el 12% de los casos fueron denunciados por personas en situación administrativa irregular. El 35% de los demandantes eran personas extranjeras regularizadas y el 42% ciudadanos con nacionalidad española.

Responsabilidad de las administraciones públicas

Rossi ha insistido en la necesidad de revisar las estructuras discriminatorias dentro de las propias administraciones públicas y ha hecho un llamamiento a que éstas creen políticas públicas que garanticen los mismos derechos a todas las personas, y que "cuando existan, hacerlas cumplir". 

El informe también reflexiona sobre sobre cómo se manifiesta el racismo estructural e institucional en el sistema judicial, ya que, según ha podido constatar la organización, la condición de persona racializada tiene un peso importante en las decisiones judiciales.