Crónica Global pide el amparo del Col·legi de Periodistes ante el acoso de los comunes

Crónica Global ha solicitado el amparo del Col·legi de Periodistes ante los ataques reiterados del Ayuntamiento de Barcelona y de la alcaldesa, Ada Colau, a la profesionalidad del equipo que compone esta publicación. El último episodio de la campaña de desprestigio que han puesto en marcha los comunes en vísperas de la comparecencia de la alcaldesa ante la justicia lo protagonizó ella misma al asegurar que en realidad no somos un medio de comunicación y que nos ha obligado a rectificar en 30 ocasiones por divulgar información falsa. Cuestión que está muy lejos de la verdad.

Tal y como hemos repetido varias veces, la única ocasión en la que el ayuntamiento nos acusó en firme de mentir acabamos en los tribunales. Era un litigio sobre la veracidad de una información publicada: no solo ganamos, sino que la Audiencia de Barcelona obligó al ayuntamiento a asumir las costas. Le impuso lo que se considera un castigo procesal por su demanda contra la información que se publicó en exclusiva de que ciertas empresas de mensajería habían cesado las entregas en ciertas rutas del Besòs. Solicitaban a los vecinos que se acercaran a sus oficinas por los reiterados robos que sufrían sus trabajadores, extremo que se intentaba evitar. Una información veraz que no afectaba, curiosamente, al ámbito territorial donde ejerce Colau.

Retorcer el derecho a rectificación

La sentencia se publicó hace un año, pero eso no ha cambiado el proceder de un partido político y de sus dirigentes que usan los recursos públicos para cercenar la fiscalización periodística. En cuanto a las “30 ocasiones” de las que habló la alcaldesa sobre las presuntas rectificaciones a las que nos habría obligado, cabe decir que contiene dos falsedades porque, en realidad, lo que hace es retorcer el legítimo derecho a usar esta figura legal. Y porque, efectivamente recurre a él, pero no con tanta frecuencia: en el último año lo ha hecho ocho veces.

Un ejemplo de cómo lo utiliza es la solicitud que recibió Crónica Global sobre la información publicada en noviembre en torno a la puesta en marcha de la empresa mixta de vivienda del área metropolitana de Barcelona, Habitatge Metròpolis, con nueve años de retraso en la entrega de pisos por la oposición histórica de los comunes a la iniciativa. La supuesta rectificación señalaba que “la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la AMB han sido los líderes principales de la creación de la empresa mixta de vivienda que permitirá la entrega de pisos el 2024”, y que los “requerimientos legales exigidos” y las elecciones de 2015 justificaban el retraso que acumulaba la iniciativa inmobiliaria.

Como se ve, no es una rectificación sino una afirmación --cuestionable, por otra parte-- que no corrige una supuesta mentira o error, sino que contiene una opinión.

Campaña de desprestigio

Forma parte de una estrategia de márketing informativo que ha emprendido la organización de Colau con la que entendemos que intenta amedrentarnos y evitar que prosigamos con nuestra tarea de fiscalización pública. Se sigue una pauta sistemática: no contestan nuestras demandas informativas cuando afectan a áreas o políticas core de los comunes, tratando de conseguir así nuestro desistimiento y la no publicación. Cuando no lo consiguen, que es muy a menudo, dan aparente respuesta a la pregunta que no contestaron previamente y lo hacen apelando de forma torticera al derecho legal de rectificación empleando para ello al servicio jurídico del consistorio. Una vez publicado el falso mentís, los portavoces de los comunes y sus adláteres difunden que Crónica Global ha tenido que desmentir su propia información. Así fabrica Barcelona en Comú una falsa fake news, un sistema que recuerda al de ciertas organizaciones no precisamente de izquierdas.

La libertad de expresión --y de información-- es una máxima en una sociedad con una democracia plena como la nuestra y así lo reivindicamos en una redacción donde trabajan 25 periodistas y cuenta con una red de más de 20 colaboradores fijos. Por todo ello, hemos solicitado al Col·legi de Periodistes y a su decano, Joan Maria Morros, que se posicionen en contra de estos ataques, más propios de partidos de extrema derecha que de una formación que enarbola la bandera de la defensa de los derechos y las libertades. Como mínimo, sobre el papel.