La Conferencia Episcopal abre una investigación externa sobre los abusos sexuales en la Iglesia

La Iglesia católica española abrirá una investigación para resolver los casos de abusos sexuales en el seno de la institución. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, junto al abogado que realizará la auditoria externa, Javier Cremades, han defendido la necesidad de colaborar con el Gobierno y “llegar hasta el final”. Además, el cardenal ha pedido "perdón" a las víctimas.

Los abusos sexuales serán investigados por el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo. “Estamos aquí esta mañana para facilitarles información, con toda transparencia. En esa línea también quiero compartir que soy católico, miembro del Opus Dei y tengo claro que la Iglesia tiene que pedir perdón y rectificar todo lo que sea necesario”, ha explicado.

12 meses de trabajo

El presidente de la firma legal ha manifestado que trabajarán “durante, al menos, 12 meses”. Un total de 18 profesionales serán los encargados de realizar la auditoría externa encargada. No obstante, la elección del despacho ya ha creado recelos. Al estar liderado por un miembro reconocido del Opus Dei, pertenece de forma indirecta al núcleo de la Iglesia católica.

En cuanto a qué se pueden encontrar con el análisis, Omella ha zanjado que es "pronto para hablar de detalles". De hecho, el presidente de la CEE ha enfatizado que “lo importante es la actitud, que es de ayuda y que el trabajo tenga la amplitud que tenga que tener”. Todo ello, tras años en que la institución ha eludido las investigaciones externas sobre los casos que se han denunciado por parte de las víctimas. 

Las víctimas piden al Estado otra investigación

Los afectados valoran el paso, pero también muestran sus dudas sobre el resultado del informe de Cremades & Calvo Sotelo. Por todo ello, exigen que el Estado inicie sus propias pesquisas sobre los hechos denunciados. Así lo ha explicado Miguel Ángel Hurtado, que sufrió uno de los casos denunciados en el seno de la Iglesia.

En declaraciones a Efe, Hurtado ha asegurado que España tiene la “obligación” de garantizar que las instituciones que trabajan con niños son espacios seguros. “El hecho de que la CEE, con tres o cuatro años de retraso, por fin mueva ficha, no disminuye la necesidad de que el Estado actúe potenciando una investigación oficial”, ha sentenciado. El debate sigue abierto.