Cazadores cazados

La caza pierde adeptos a pasos agigantados. Según datos oficiales, el censo ha caído un 30% en 15 años y la edad media ha subido de 42 a 52 años. El freno a un colectivo de todavía 700.000 aficionados procede de la mayor conciencia animalista y de las trabas políticas, contra las que preparan una mega-manifestación estatal en la Castellana madrileña el 20M.

España dedica a la caza unos 43 millones de hectáreas con 31.786 terrenos cinegéticos. En ellos, cada temporada de octubre a marzo, se abaten legalmente 20 millones de animales, 13 de ellos aves.

Peso económico

La protesta, participada por otros colectivos agrarios y ganaderos, esgrime el peso económico de esta actividad. Los cazadores sostienen que el sector emplea a 187.000 personas, genera casi el 0,4% del PIB y mueve 6.500 millones de euros anuales. Además lleva 615 millones a las arcas públicas en impuestos y tributos. Una riqueza, dicen, para la España despoblada o vaciada. 

Ecologistas en Acción y el partido animalista Pacma lo cuestionan, ya que no impide el éxodo hacia las grandes urbes. Rebaten que los mayores beneficiarios pertenecen a una “mortífera industria manejada desde grandes capitales”.

Indignación a la calle

El sector cinegético ha activado la salida a la calle indignada tras la nueva ley de Bienestar Animal, que vetará la caza total en Parques Nacionales, las del lobo, tórtola, zorzal y perdiz roja, y el uso del plomo sin alterativa. Además, incluye la “empatía” hacia los animales en la enseñanza obligatoria, que desmotiva a los jóvenes. “Establece un principio casi filosófico equiparando a los animales con las personas. En una década un niño será incapaz de comerse una chuleta”, asegura Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC).

Gallardo, que acaba de recibir el apoyo a la marcha de las federaciones del País Vasco y Navarra, apunta a Educación y a los departamentos de Transición Ecológica y Consumo, liderados por Teresa Ribera y Alberto Garzón, respectivamente.  

Invasión de depredadores  

La Federación esgrime una reciente encuesta en la que más de la mitad de los españoles considera la caza necesaria, y una herramienta idónea y barata para controlar fauna silvestre.

Algunas administraciones están pagando a cazadores para trata de frenar mediante batidas la “invasión” de jabalíes, ciervos, corzos y conejos, acentuada por la despoblación y la suspensión de la caza durante la pandemia. 

Cacerías subvencionadas

A modo de ejemplo, la consejería de Acción Climática y Alimentaria Cataluña presupuestó el año pasado 600.000 euros con los que abona entre 12,5 y 25 euros por ejemplar abatido. Algunos ayuntamientos subvencionan batidas con  3.000 euros.

El propio Gobierno aprobó 1,5 millones para reforzar la seguridad, el control de la caza y la flora autóctona en Quintos de Mora (Los Yébenes, Toledo), según una repuesta parlamentaria. En la finca de 6.800 hectáreas, ‘retiro’ del presidente Pedro Sánchez, se abatieron con escopeta el año pasado 611 ciervos, 166 jabalíes y 20 gamos mediante dos monterías y una cacería selectiva licitadas por la Plataforma de Contratación el Estado.

Plaga de jabalíes

Los cerdos salvajes han llegado a la M-30 madrileña y la Diagonal barcelonesa. Durante la noche cercan, en busca de comida, localidades madrileñas como Torrelodones y Alcobendas o la valenciana Oliva. “Es un problema muy serio. Deberían declararse como una plaga”, piden varios concejales.

El Ministerio de Agricultura cifró en 2019 en casi 400.000 las capturas de jabalíes. El Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) calcula que esta población pasará de dos millones en 2025.

Accidentes y contaminación

Los cerdos salvajes no solo causan daños en cosechas y bosques. Provocan un creciente número de accidentes de tráfico por atropello. La DGT contabilizó el año pasado casi 700 con 10 fallecidos, 60 heridos graves y 800 leves.

Grupos ecologistas y animalistas, como Animanaturalis, denuncian la “masacre” anual por el inaceptable placer de matar. Advierten de que “los 300 millones de cartuchos dejan en el campo cada temporada 5.000 toneladas de plomo”, metal muy contaminante y letal para miles de aves acuáticas. También resaltan la muerte en España de 50 personas y 600 heridas por disparos accidentales a cazadores y senderistas. 

Turismo cinegético

La perdiz roja de las fincas del Campo de Montiel ha atraído esta temporada al aeropuerto de Ciudad Real a más de  un centenar de vuelos privados, según la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). A bordo iban magnates aficionados a la caza de EE. UU, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Francia.

Ciudad Real conforma con Toledo y Madrid la llamada ‘milla de oro’ de la actividad cinegética. Junto a Andalucía y Extremadura, acogen 1.669 cotos, muchos exclusivos, con una extensión del 4,1% del territorio español, el equivalente a Navarra, País Vasco y La Rioja juntas. Sus dueños son 500 familias de la jet-set como Juan Abelló, el ganadero Samuel Flores, los March Delgado y los Mora Figueroa. Casi nada.