La zona industrial de Badalona (Barcelona) se ha convertido desde primera hora de la mañana en un nuevo foco de tensión por el desalojo de una nave okupada por unas 130 personas. La mayoría de ellos son inmigrantes de origen subsahariano que se instalaron en el inmueble tras el incendio que se originó en diciembre de 2020 en otra nave abandonada donde se habían alojado y que se cobró la vida de cuatro de los residentes.
Ello abrió el debate sobre la precariedad del colectivo. Aun así, no se les ha podido ofrecer ninguna alternativa habitacional, cuestión compleja si se tiene en cuenta su situación en el país y el colapso que existe en los servicios sociales para hacer frente a una pobreza que ha crecido al calor de la crisis económica del coronavirus.
Sareb, propietaria de la nave
La alternativa que encontraron los supervivientes del fuego, un suceso que aún no ha llegado a los tribunales, fue la nave de la calle Procés del barrio del Gorg. El edificio es propiedad de Sareb, el llamado banco malo del Estado que asumió los activos denominados tóxicos en la doble recesión anterior a los que intenta colocar de nuevo en el sector privado aunque sea con ofertas de derribo.
Por ahora no ha encontrado un comprador para la nave de Badalona, pero sí que ha iniciado los trámites necesarios para realizar el desahucio. Se trata de una acción habitual en los activos allanados que son de su propiedad. En este caso, además, existía el interés añadido de evitar que se repitiese un accidente como el que tuvo lugar a finales de 2020, tal y como indican fuentes cercanas a la entidad pública.
Mossos d’Esquadra y seguridad privada
Un centenar de agentes de Mossos d’Esquadra se han desplazado hasta el polígono industrial de la ciudad para proceder al lanzamiento y contener la protesta que se ha convocado a las puertas. Entre los manifestantes que intentan evitar la ejecución de la orden judicial se encuentran caras conocidas de la izquierda antisistema local, como la de la exalcaldesa y cabeza de lista de la CUP en las últimas elecciones catalanas, Dolors Sabater.
Forman parte de un grupo de unas 50 personas que arropan a los okupas. “Dejar la nave ahora es inviable”, explicaron sus portavoces tras una asamblea que tuvo lugar el pasado fin de semana. Remarcaron que el “altísimo nivel de contagios de Covid y la fuerte bajada de temperaturas” propiciaban dejar a los 130 inmigrantes en este inmueble, aunque vivieran en una situación precaria.
Sareb, cuyos representantes han llegado al barrio del Gorg con nueve agentes de seguridad privada, rechazó prolongar la estancia de este colectivo. El juez decretó que el desahucio debía empezar a las 10 de la mañana. Va con retraso, pero todos los implicados aseguran que tendrá lugar antes de que se acabe el día.