Oleguer Pujol reitera la petición de archivo del ‘caso Drago’, en manos de la fiscalía desde abril

Oleguer Pujol Ferrusola ha reiterado su petición de archivo del caso Drago, por el que se le investigan diversas transacciones de hace más de una década --entre las que destaca la intermediación en la venta de 1.152 oficinas de Banco Santander-- y por las que se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

En el escrito presentado al juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional --presidido por el magistrado Santiago Pedraz--, el hijo menor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol alega que su petición para ser desimputado en este proceso está desatendida por la fiscalía desde el pasado abril, a pesar de que el ministerio público ha informado a favor del archivo de la causa contra otros implicados en una situación similar a la suya, como Luis Iglesias, José María de Villalonga Bardella, José María de Villalonga Cabarrocas, Javier de la Rosa Misol y Gabriela de la Rosa Misol. Solo los intermediarios financieros holandeses John Willekes y Jacob Broers están pendientes de que se resuelvan sus peticiones de archivo, como Oleguer Pujol.

Los argumentos de la defensa

En su defensa, Oleguer Pujol apunta que los autos de la Audiencia Nacional que han servido para sobreseer la actuación contra otros investigados dejan claro que el cobro de comisiones en sociedades extranjeras no implica un delito de blanqueo de capitales y que “la confluencia de todos” los implicados en dicha “actividad empresarial” no fue delictiva, por lo que tampoco se le puede atribuir el delito de organización criminal.

El hijo del expresidente catalán también insiste en que la actuación judicial ha evidenciado la “perfecta transparencia y trazabilidad” de los fondos así como la ausencia de “ocultación y/o simulación” en cuanto a su origen y titularidad, lo que descartaría el blanqueo de capitales. Además, considera que un presunto delito contra la hacienda pública habría prescrito ya que no hubo operaciones posteriores a 2004, mientras que la actuación de inspección de la Agencia Tributaria empezó en 2013 y su imputación se prudujo un año después. Y recuerda que, adicionalmente, realizó una regularización fiscal en 2012 por la parte que no estaba prescrita.

Entramado societario

En este caso, la Audiencia Nacional analiza el destino de 90 millones de euros de una operación inmobiliaria cuyo montante total ascendió a 370 millones. En ella intervino Drago Capital --una sociedad de Oleguer Pujol y Luis Iglesias, yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana--, así como otras empresas vinculadas al imputado y radicadas también en Holanda, ARD Choille BV, Dotricia BV y Anline Services BV.

El entramado societario investigado salpica a otras empresas intermediarias en la venta del Proyecto Brick --las sucursales del Santander--, como Sun Capital Partners, Marway BV, Samos Servicios y Gestiones SLU y Vica SA.