La pareja fallecida junto a sus dos hijos, de uno y tres años, en un incendio durante la madrugada del martes en la plaza Tetuán de Barcelona había ocupado el local, propiedad de Evo Bank, en enero de 2020. Aunque la entidad bancaria tenía conocimiento de la ocupación, nunca cortó el suministro eléctrico.

No obstante, Laura Pérez, regidora y responsable del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, ha explicado durante una rueda de prensa celebrada este martes que, aunque el local no reunía las condiciones de habitabilidad dado que era un espacio comercial, su uso no suponía ningún riesgo para los ocupantes. De hecho, el pasado octubre la Guardia Urbana de Barcelona y los Servicios Técnicos del Ayuntamiento hicieron una inspección de la estructura que concluyó que no existía un riesgo inminente para la familia ni para ninguna de las otras personas que utilizaban el local comercial como vivienda.

No habían pinchado la luz

Según Pérez, los técnicos revisaron los cuadros eléctricos, los enchufes y la ventilación. “Tenían suministro eléctrico”, ha confirmado. En caso de que el estado del espacio hubiera supuesto un riesgo, habrían sido realojados en otra vivienda, como las 65 familias a las que el consistorio ha reubicado en pensiones por causa de emergencia en el último año.

El ayuntamiento se escuda en que el local no entrañaba un peligro para la familia y en que la pareja fallecida no había podido regularizar su situación, uno de los requisitos fijados por el Consorci de Habitatge, que depende en un 60% de la Generalitat de Cataluña y en un 40% del Ayuntamiento de Barcelona, para alegar que desde el consistorio se encontraron con limitaciones competenciales y de recursos para ayudar a esta familia.

La DGAIA no conocía la situación

Las víctimas recibían asistencia del servicio especializado del ámbito social (SISFAM), “centrado en tratar con familias vulnerables en situación de infravivienda”, ha explicado Pérez. Asimismo, el ayuntamiento realizó un total de 88 intervenciones con la familia. “Se les ofrecieron diversas ayudas para alimentación, transporte, farmacia o ropa”, ha confirmado la regidora. “El seguimiento era muy intensivo”.

No obstante, llama la atención que desde el consistorio no se pusiera en conocimiento de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) que los dos menores vivían en un local ocupado en el que, tal y como ha reconocido la regidora, había una rotación constante de personas. “Se valoró positivamente el seguimiento de los padres y no se vieron indicios de violencia o de desprotección hacia los menores como para activar un desamparo”, ha defendido.

Una pelea horas antes

En el momento en el que se declaró el incendio había ocho personas en el interior del local: los cuatro miembros de la familia, que han fallecido, y cuatro varones adultos con los que no tenían ninguna relación de parentesco y que ocupaban el sótano. Según los servicios sociales, solo uno de ellos mantenía relación con el consistorio mientras que los otros tres rechazaron cualquier tipo de ayuda e incluso se negaron a que los técnicos accedieran al espacio.

La entrada y salida de personas del local ocasionaba tensiones entre los propios convivientes. La Guardia Urbana ha confirmado a preguntas de este medio que en 2020 recibió una queja por parte de los vecinos por ruido en la entrada del local. El último episodio de estas características se produjo esta misma madrugada, pocas horas antes de que las llamas engulleran la infravivienda. Los Mossos han confirmado a Crónica Global que sobre las 2.30 recibieron un aviso por una fuerte discusión. Hasta el lugar se trasladó una patrulla que medió entre los ocupantes hasta que “se apaciguaron los ánimos”. El siguiente aviso que recibieron, dicen, fue para alertar sobre el incendio.

Más de 200 menores viven en okupas

Montserrat Rovira, directora de la Dirección de Servicios de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención del Espacio Público, ha confirmado que durante los próximos días se prestará asistencia a la comunidad educativa de la que uno de los menores fallecidos formaba parte. También ofrecerán apoyo y acompañamiento al hermano del adulto fallecido, al que están ayudando, en colaboración con el consulado de Paquistán, a gestionar la repatriación de los cuerpos. Por otro lado, una vez hayan sido dados de alta en las próximas horas, se ofrecerá asistencia a los cuatro supervivientes.

Lamentablemente, la situación de esta familia no es excepcional. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Barcelona en la actualidad hay un total de 86 asentamientos ilegales que albergan a 384 personas, de las cuales 53 son menores de edad. Por otro lado, en la ciudad hay otros 105 locales ocupados por 481 personas, de las que 156 son niños.

Desigualdad social estructural

Desde el consistorio reconocen que en Barcelona existe un problema de desigualdad, exclusión e infravivienda. “No es una realidad específica de la ciudad aunque aquí sí que tenemos servicios específicos”, ha incidido Pérez. Además, la regidora ha denunciado que para poder acceder a la mayoría de las ayudas públicas es condición indispensable tener los papeles en regla, lo que excluye a buena parte de las familias en situación de vulnerabilidad.

Aunque Barcelona permite el empadronamiento sin domicilio fijo para evitar ahondar en la brecha de la exclusión, la irregularidad administrativa continúa suponiendo un impedimento a la hora de acceder a un puesto de trabajo o a un alquiler. "No quieren vivir de ayudas sociales, quieren regularizar su situación", ha zanjado la regidora.