“Van a derribar mi casa y quieren que lo pague yo”

Loli, su marido y su hija de 8 años viven con su madre, una mujer de 82 y dueña de una de las casas construidas por generaciones anteriores en el Bosc d’en Vilaró, entre Montcada i Reixac y Badalona. Es una de las casi 300 familias que habitan en esta zona forestal y, por esta circunstancia, las administraciones han iniciado el proceso de desahucio y demolición de sus viviendas “ilegales”.

Cerca de 1.000 personas que habitan en la urbanización están pendientes de saber lo que sucederá con ellas y lo hacen con la “inquietud de ver cómo pasa el tiempo y los políticos dan largas”, ha explicado José Antonio, propietario de uno de los terrenos donde construyó su casa y donde actualmente vive con su mujer, su hija, su yerno y, los fines de semana, con su nieto que tiene una discapacidad del 84%.

Urbanización Bosc d'en Vilaró / Noelia Carceller CG

¿Cómo nace la urbanización?

El presidente del área territorial del Ayuntamiento de Montcada i Reixac, Jordi Sánchez, define este problema como “uno de los más graves” que hay en el municipio.

Los terrenos fueron pensados como zona de huertos, luego se fueron ampliando como casas de fin de semana y finalmente se transformaron en un área residencial. A partir de los años 60, los vecinos que fueron levantando las paredes no tenían permiso, pero “sí la promesa de los partidos políticos de que los iban a legalizar”, según asegura la presidenta de la Asociación de Vecinos (AAVV) del Bosc d’en Vilaró, Loli Alfonso.

“Los políticos siguieron mirando hacia otro lado”

El problema apareció en 1976, cuando se puso en marcha el Plan General Metropolitano (PGM) y se declaró el terreno como zona forestal, lo cual impidió seguir edificando a partir de ese momento, aunque se siguió haciendo. Pero según explican los vecinos, los representantes políticos siguieron “mirando hacia otro lado” y dejando durante más de 40 años que siguieran “creciendo”.

“Cada vez que había elecciones se nos prometía que se legalizaría”, explica Alfonso, que insiste en que, si hoy por hoy hay este problema, es porque “todos eran conscientes y sabedores de lo que había y nadie dijo nada”. “No hemos crecido como champiñones de un día para otro”, espeta.  

Señal de tráfico y badén construidos por los vecinos / Noelia Carceller CG

La extinción en diferido “no es una opción”

Una de las opciones que el gobierno local --formado por En Comú Podem y ERC, y liderado por Laura Campos-- puso encima de la mesa es la extinción en diferido, que pasa por que los propietarios cedan sus terrenos con un plazo para abandonar sus casas en 20, 30 o 40 años.

Aunque la Generalitat “ponía pegas” a esta alternativa, Jordi Sánchez asegura que es una “salida mejor que otras más inmediatas que determina la ley de urbanismo”. Por parte de los vecinos, la extinción en diferido “no es una opción” porque es “injusta”.

En marcha las notificaciones de derribo

El Ayuntamiento de Montcada ya ha puesto en marcha los expedientes de disciplina urbanística que hasta ahora estaban paralizados, porque creen que aplicar la legalidad es su “responsabilidad”. Se da la circunstancia, además, de que los derribos van a cargo de los vecinos, que empiezan a recibir las notificaciones: “Van a derribar mi casa y quieren que lo pague yo”. Es el caso de María, una de las vecinas que de momento han recibido el aviso de un pago de 7.431 euros en “concepto de los gastos que pueda generar la ejecución forzosa subsidiaria”, tal como pone en el documento al que ha tenido acceso este medio.

Además, Jordi Sánchez explica que “se están produciendo embargos de las cuentas corrientes de algunos vecinos” que se niegan a ejecutar la orden de demolición e incluso hay “una condena por lo penal a seis meses de cárcel por delito medioambiental contra un vecino y el constructor”. La alcaldesa ha criticado también “la connivencia de las administraciones durante tantos años” porque han “ido haciendo la vista gorda” y ha advertido de que ella “no puede cargar sola con esta responsabilidad”.

Carretera en mal estado en Bosc d'en Vilaró / Noelia Carceller CG

“Ilegales para vivir y legales para tributar”

La presidenta de la AAVV ha denunciado también que el actual gobierno les tiene “descuidados” en cuanto al mantenimiento de carreteras, instalación de la fibra óptica, etcétera, cuando ellos pagan “impuestos como cualquier ciudadano”. “Somos ilegales para vivir y legales para tributar, pero no repercuten nuestros impuestos en la urbanización porque les interesa que no esté todo perfecto para decir que vivimos indignamente”, ha manifestado.

Los vecinos consideran que hay “contradicciones” entre este y los anteriores gobiernos que sí les tenían en cuenta. “Si supuestamente estamos en terreno ilegal, ¿por qué vinieron a inaugurar el parque infantil en 2004?”, se preguntan los vecinos, que recuerdan ese día con el alcalde socialista César Arrizabalaga.

Los vecinos pagan el mantenimiento

Sin embargo, la alcaldesa ve normal que paguen tributos porque “están en una zona ilegal, pero hacen uso de los equipamientos municipales” y, por su parte, Jordi Sánchez se justifica con que el ayuntamiento “no puede conceder ningún permiso de obras particulares ni hacer reformas de mantenimiento necesarias” al estar en terreno ilegal.

Para hacer frente a los gastos que no asume el consistorio, todas las familias pagan una cuota anual de 180 euros que incluye una persona de mantenimiento y el abogado que les lleva la causa. A esto se le deben añadir los “gastos extras que surjan” y de los que se encargan los vecinos, como el cuidado del parque infantil, la instalación de señales de tráfico, la construcción de badenes en las carreteras, entre otras cosas.

Parque infantil cuyo mantenimiento lo hacen los vecinos / Noelia Carceller CG

Generalitat, ayuntamiento y vecinos se reunirán el 17 de noviembre

Tanto el ayuntamiento como la asociación de vecinos coinciden en que el caso del Bosc d’en Vilaró es un “drama social” que lleva enquistado mucho tiempo. Ambos llevan tiempo apelando al Departamento de Territorio de la Generalitat porque “son los únicos que pueden cambiar la normativa para regularizar”.

Según ha podido saber este medio, ya hay fecha para la reunión: será el 17 de noviembre y estarán presentes la AAVV, el Ayuntamiento de Montcada y la Generalitat, con la representación de Ricard Font como secretario general de la Vicepresidencia, Políticas Digitales y Territorio. 

Descontento con Puigneró

La alcaldesa ha criticado la pasividad de la Generalitat en esta cuestión durante tanto tiempo y ha criticado que el conseller de Territorio, Jordi Puigneró, no se implique a pesar de haberle pedido un encuentro en reiteradas ocasiones.