La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad del estado de alarma que decretó el Gobierno en marzo de 2020 conlleva la devolución de la cuantía de las multas impuestas durante dicho periodo. Esto tendrá un coste de unos cuatro millones de euros para el Ejecutivo catalán, según ha afirmado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en una entrevista en TV3.
De las 63.600 sanciones que se impusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio del año pasado –cuando estuvo vigente el estado de alarma–, unas 23.000 se han pagado. Por tanto, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya ordenado el retorno de dichos importes –excepto en Cataluña y el País Vasco, que tienen las competencias transferidas–, la Generalitat analiza esta situación que describe como “compleja” para gestionar el reintegro.
Una medida “injusta”
Aun así, Elena ha expresado que esta medida se ha tomado porque la sentencia del Alto Tribunal ha sido muy “taxativa”, de modo que pone en una posición “difícil” el mantenimiento de las multas. A su parecer, esta es una decisión “injusta”, pues sostiene que “si ha habido incumplimientos, estas personas deberían responder legalmente y ser sancionadas”.
Esta decisión solamente contempla las multas del primer estado de alarma, pues el Constitucional todavía estudia la legalidad del segundo, que se inició en octubre de 2020 y se prolongó seis meses. De hecho, los magistrados prevén tomar una decisión el próximo martes.