El Síndic de Greuges ha recibido una queja de la familia de un joven que cuatro meses después de solicitar la prestación económica como extutelado a la Direcció General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) aún no había recibido respuesta administrativa. En un comunicado este miércoles, ha detallado que el joven solicitó la prestación poco antes de cumplir los 18 años y cuatro meses después no había recibido respuesta por parte de la administración.

El Síndic ha recogido en el comunicado que, según la ley 23/2006, si una vez transcurridos el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la solicitud no se ha notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación, el derecho de acceso a esta prestación, en caso de ser reconocida, se genera desde el primer día del mes siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.

La DGAIA lo justifica

En respuesta a las peticiones de información del Síndic y según lo ha explicado el mismo síndic, la DGAIA ha indicado que "no se pueden retrotraer los efectos de la prestación a la fecha de su solicitud o a la fecha de la mayoría de edad, porque sería contrario a lo que se establece legalmente".

Sin embargo, el Síndic ha insistido en la necesidad que los efectos de esta prestación económica generen efectos desde la fecha de la solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven, "atendiendo sobre todo las especiales necesidades y la alta vulnerabilidad social de este colectivo".

El Síndic ve "irregularidades"

El defensor del pueblo catalán, que ha calificado los hechos como "irregularidades", ha pedido a la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat que estudie el asunto para garantizar que los efectos de esta prestación económica, una vez reconocida, se genere desde la fecha de su solicitud o desde la fecha de la mayoría de edad del joven, cuando la solicitud la haya presentado antes de cumplir los 18 --pues se puede solicitar tres meses antes de la mayoría de edad--.

El caso de este jóven ha salido a la luz después de que la Consejería de Empresa y Trabajo lanzase una convocatoria de otra línea de ayudas para fomentar la inserción laboral de los jóvenes tutelados, pero que restringía los beneficiarios a 340 personas, con una asignación de 25.000 euros para cada uno, que se destina a financiar el contrato de cada uno durante un año, además de un programa formativo.