El Instituto Agrícola ha publicado un decálogo con “verdades y mentiras de la gestión de los espacios protegidos”, con especial mención al caso del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Asegura que existen alternativas de mitigación medioambiental para ampliar la tercera pista por La Ricarda, y que dichas aprobaciones dependen directamente de las empresas y consorcios de Gobierno y Generalitat.
El caso del aeropuerto barcelonés, además, no es único en Europa y ni siquiera en España. En los últimos años se han producido varias situaciones de construcciones de infraestructuras de interés público que han afectado a zonas protegidas, como el puerto de Rótterdam (Países Bajos) o las ampliaciones de pistas de Baden y Ladbeck (Alemania) o el embalse de Labreña (Córdoba).
El Govern decide
La Generalitat es la que debe aprobar o no la propuesta compensatoria de Aena y hacerla llegar a Europa. “Por su política errática, el gobierno catalán elude sus responsabilidades derivándolas a la Unión Europea, cuando es la administración competente en la definición y gestión de los espacios protegidos”, ha asegurado el Instituto Agrícola en su informe.
El mismo texto ha recordado que “más hectáreas protegidas no implican mejoras en la biodiversidad y la protección de la naturaleza” y han explicado las propuestas tras la ampliación de la tercera pista por La Ricarda. Ampliar la laguna artificial de Cal Tet y reubicar el espacio natural en el área de distribución y ruta migratoria de las especies que motivan la protección actual.