El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, será juzgado por cargar el erario los gastos de su viaje a Nueva Caledonia para seguir el proceso independentista que se vivió en la isla en 2018. La defensa, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, asegura que el desplazamiento tenía un objetivo profesional ligado con sus responsabilidades públicas, argumento que la Audiencia Provincial de Barcelona rechaza al desestimar el último recurso de apelación que había presentado.

De este modo, Alay se deberá sentar en el banquillo de los acusados imputado por un delito de malversación y otro de prevaricación. La resolución que se ha dado a conocer este martes concluye que durante la instrucción “ha quedado provisoriamente acreditado que el investigado en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje en cuestión, tratándose de una invitación personal y particular, que no debió ser atendida con los fondos públicos”.

Justificación del gasto

“Esta Sala no puede compartir los argumentos expuestos por el apelante a través de su recurso de apelación, sino más bien al contrario, haciendo suyos los alegatos vertidos por el Ministerio Fiscal”, sentencia el auto publicado. Es decir, que la oficina del expresidente Puigdemont, huido de la justicia, autorizó mediante una “resolución arbitraria e injusta e ilegal” los costes de desplazamiento, 4.397,4 euros.

Indica que se dio luz verde al viaje “no verificándose debidamente la fiscalización de dicho gasto”. “Si bien es cierto que el investigado tenía derecho a usar, sin tener la necesidad de tenencia material, una tarjeta Visa corporativa de la Generalitat de Cataluña, esta únicamente debía servir a los únicos efectos de pagos de los desplazamientos (transportes) a través de la agencia de viajes homologada”, manifiesta la sala. 

Correo electrónico de Alay

No fue la vía a la que recurrió Alay para cargar los costes de su desplazamiento a Nueva Caledonia en 2018. Planificó el viaje con otra agencia ajena a la del Govern y pasó la factura como gastos de representación. Cabe recordar que la defensa de Alay se ha escudado en los gastos que otro expresidente catalán, José Montilla, realizó también en 2018 en el que cargó 3.770 euros en aparcamiento y ornamentos a la Generalitat. Los magistrados descartan por ahora que sean casos análogos.

La Audiencia de Barcelona recuerda que existe un correo electrónico de Alay en el que “se desprende que el viaje realizado y pagado con fondos públicos no obedecía en modo alguno a las funciones que tenía como responsable de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, pues la invitación lo era a título individual”. Por todo ello, se abre el juicio contra el también investigado en el marco del caso Voloh.

Alay: "Persecución"

Alay ha reaccionado a esta situación, que asegura que se trata de una "persecución por motivos políticos", ha escrito en Twitter. También lo ha hecho Boye: "No van a parar".

Puigdemont, asimismo, habla de "persecución, acoso y espionaje para alterar o impedir la acción política legítima", que considera "incompatibles con la democracia", en un nuevo ataque a España. Incluso desde el Govern, el vicepresidente, Jordi Puigneró, ha tirado de ironía, ante el acercamiento del Gobierno y la Generalitat en la llamada mesa de diálogo: "Agenda del reencuentro".