Entra en vigor la ley 'parche' del Gobierno para combatir la violencia vicaria

La reforma exprés del Gobierno para afrontar la violencia vicaria entra en vigor este viernes. La nueva ley incorpora una modificación del Código Civil que restringe el régimen de visitas y estancia para los progenitores condenados por malos tratos, o con indicios de haberlos cometido.

La reforma se incluyó en una ley tramitada antes del verano con otro objetivo, el de acabar con la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual. Los juristas consultados por Crónica Global consideran que la modificación normativa apenas producirá efectos sociales.

Reforma sin efectos

En el caso de que se haya iniciado un procedimiento penal por violencia machista, la legislación ya prevé que la madre y los menores pueden acogerse a las órdenes de protección de las víctimas, como recoge el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015. Por otro lado, en los casos de malos tratos a los hijos, los jueces pueden incluso retirar la patria potestad.

Pero también existen instrumentos en materia civil para limitar el contacto entre padres e hijos si se sospecha de abusos por parte de los primeros. Las medidas cautelares urgentes previstas tanto en el artículo 236 del Codi Civil Català, como en el 158 del Código Civil, permiten alterar el régimen de visitas en supuestos de conflicto.

40 menores muertos

La reforma del Gobierno se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 3 de junio, pocos días después del trágico hallazgo de las niñas Olivia y Ana en Tenerife (Canarias). La muerte de las menores, presuntamente asesinadas por su padre, sacudió la sociedad por la crueldad de los crímenes.

La mayoría de los 40 asesinatos de menores a manos de sus progenitores desde 2013 se produjeron tras el cese de convivencia o cuando la mujer inició una nueva relación sentimental.

"Una medida populista"

Aunque el principal objetivo de estas medidas sea proteger a los menores, los abogados no creen que la reforma sea eficaz para combatir esta lacra e incluso abre la puerta a medidas contraproducentes como la retirada preventiva de la patria potestad.

"Es una medida populista que no producirá cambios prácticos. Lamentablemente, debemos recordar que el derecho penal castiga las acciones a posteriori. No puede existir un derecho penal preventivo", ha explicado la abogada Elena Arbiol del despacho Sanahuja Miranda.