Los hospitales de órdenes religiosas rechazan cumplir la ley de la eutanasia

La polémica está servida en torno a la ley de la eutanasia, que entró en vigor hace apenas unos días. Varias órdenes religiosas que gestionan centros hospitalarios han comunicado que no aplicarán la normativa en los centros sanitarios que dependen de ellas, al considerar que la ley supone un ataque contra la dignidad humana.

Ante esta situación, el Departamento de Salud de la Generalitat ha asegurado que velará por el cumplimiento de la normativa en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, en el que se encuentran hospitales adscritos a estas organizaciones religiosas que han manifestado, por escrito, su intención de ejercer una particular objección de conciencia.

Manifiesto

Un manifiesto suscrito, entre otros, por la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Hospitales Católicos de Madrid y la orden religiosa de Sant Joan de Déu, asegura que “acelerar la muerte, ya sea por acción o por omisión de tratamientos o curaciones a cualquier persona que está en el final de su vida o en una situación de discapacidad grave supone hacer un daño irreparable que no estamos dispuestos a infringir a nadie”.

En el comunicado, los firmantes reconocen el derecho de los pacientes a que se atienda su voluntad pero consideran que debe hacerse “de forma proactiva, efectiva y comprometida para afrontar el impacto que la enfermedad incurable o la discapacidad insuperable genera porque sus vidas y la capacidad de vivirlas felizmente está por encima y no debe de quedar anulada”.

Centros afectados

Entre los centros gestionados por las órdenes firmantes del manifiesto se encuentran, entre otros, el El Hospital Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona y el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat.

Otros centros sanitarios, aún adscritos a estas órdenes, están gestionados por patronatos, como es el caso del Hospital de la Fundació Althaia de Manresa que, aunque depende de Sant Joan de Déu, está dirigido de forma colegiada por el Ayuntamiento y Mutucat. En este caso, el centro ha manifestado su intención de acatar la ley, dado que no está sometido a las normas de la orden.

Largo camino

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente. En declaraciones al programa Els Matins de TV3, su presidenta, Cristina Vallès, ha pedido que se vigile si se presiona a los profesionales sanitarios que ejercen en esos centros, al tiempo que ha recordado que ha costado mucho llegar hasta la aprobación final de la ley.

“Entidades como los hospitales no se pueden declarar objetores. Creo que el Departamento de Salud encontrará la manera de poder superar esta dificultad y que las órdenes tendrán que rectificar, sencillamente”, apuntó Vallès.

La Ley ha entrado en vigor este miércoles y despenaliza la asistencia voluntaria a morir, además de convertirla en una nueva prestación pública a la que se puede acudir en el caso de tener una enfermedad grave con un tratamiento intolerable.