Unos 40 supervivientes del incendio de una nave industrial okupada en el barrio del Gorg de Badalona el pasado mes de diciembre han abandonado este martes los albergues municipales que el ayuntamiento les ofreció para residir de forma provisional, después de que el consistorio haya dejado de financiarlos.

A pesar del rechazo de la oposición, que pidió ampliar estos alojamientos durante un tiempo más, los damnificados han tenido que seguir las indicaciones del concejal de Servicios Sociales y Participación del Ayuntamiento de Badalona, Miguel Jurado, que anunció la semana pasada que aquellos que ya cuentan con alguna alternativa habitacional o capacidad para buscar trabajo debían abandonar los albergues este 15 de junio.

Protestas sin éxito

Los afectados se han visto obligados a abandonar sus respectivos alojamientos, a pesar del rechazo de las fuerzas de la oposición y de entidades vecinales. Estas se manifestaron este lunes ante las puertas de servicios sociales para intentar evitar los desalojos, pero sin éxito.

"Somos personas de carne y hueso que vivimos en esa nave porque no tenemos ningún otro sitio mejor. Somos inmigrantes, hombres y mujeres, también familias. Llevamos años viviendo en Badalona, pero los altos precios del alquiler y la especulación inmobiliaria que mantiene muchos pisos vacíos nos impide conseguir una vivienda digna como quisiéramos", alegan los damnificados.

Traslado a otra nave

Algunos de los afectados tienen previsto instalarse en otra nave ocupada, ubicada en el número 162 de la calle Progrés, sobre la que hay pendiente una orden de desahucio para le próximo 22 de junio, ya que Sareb, la propietaria de la finca, presentó una denuncia.

En el inmueble viven decenas de inmigrantes y sus inquilinos han presentado un manifiesto en el que apelan a la “solidaridad de todos los vecinos” para tratar de frenar el desalojo.

Población vulnerable

A pesar de desalojar a unas 40 personas, el ayuntamiento mantiene el alojamiento provisional de otros 49 supervivientes del incendio –que se cobró la vida de cuatro personas–. Estos son, mayoritariamente, personas jóvenes de entre 18 y 25 años, así como mayores de 55, ya que se les considera población vulnerable a la que “aún hay que cuidar”.

No obstante, el gobierno local habría llegado a un acuerdo con la representante legal de los ocupantes para obtener la relación de personas que viven en la nave y, así, analizar “de forma técnica” si son susceptibles de ser vulnerables, según han explicado fuentes municipales a Efe. En este caso, el consistorio estudiaría alternativas para ofrecerles.