El juzgado de lo Penal 1 de Terrassa ha condenado a seis meses de cárcel por maltrato animal a dos trabajadoras de una residencia canina de Sant Cugat que, entre finales de 2016 y principios del año siguiente, desatendieron la alimentación y cuidados de un perro. El animal llegó al centro porque su dueña, de edad avanzada, ya no podía hacerse cargo de él.

Según el fallo, durante dos meses, las responsables de la perrera, madre e hija,  "no dispensaron de manera intencionada los cuidados mínimos imprescindibles respecto a la alimentación, cuidados, y tratamientos veterinarios, con pleno conocimiento de que su omisión producía un menoscabo grave en la salud" del can. 

Condena por maltrato animal

Cuando la dueña del perro renunció definitivamente a su custodia, a finales de enero de 2017, este fue trasladado al Centre d'Acollida del Ayuntamiento de Barcelona.

Al llegar, la mascota estaba "muy delgada, deshidratada, con mal olor, una fuerte infección ocular que la impedía abrir los ojos, y con las extremidades llenas de nudos", según indicó el informe veterinario que apuntaba al "estado lamentable y bastante grave" del animal.

Desatención de un perro

Durante el juicio, una de las acusadas, la progenitora, declaró que por aquellas fechas pasaba el día en el hospital junto a su marido, y que tuvo conocimiento del estado del can por lo que le contaba su hija. Apuntó así a que este "era muy agresivo y no se dejaba tocar".

Por su parte, la otra responsable del centro aseguró que hizo todo lo posible porque el perro comiese, "llegando a cambiar los piensos", y que cuando llegó a su residencia este ya estaba "muy desaliñado", aunque admitió que no le dieron asistencia veterinaria.

"Grave omisión" en la atención al animal

Unas alegaciones que desestima el magistrado, al considerar que es "inverosímil" que la mascota, de pequeño tamaño, fuese agresiva, y que "en nada justifica la grave omisión realizada" por ambas responsables de la perrera.

Por todo ello, el juez impone a la madre, N.J.C., y a la hija, S.Q.J., seis meses de prisión para cada una de ellas, así como dos años de inhabilitación para el ejercicio de una profesión que guarde relación con los animales. Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación, para el que las condenadas tienen diez días de plazo.