El Departamento de Salud administrará la vacuna de Moderna a los guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña a partir del próximo lunes. Todo ello, después del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ante los retrasos en la inmunización de ambos cuerpos. Los magistrados dieron un plazo de 10 días a la Generalitat para inocular el antídoto a los agentes.
El Govern acata así la decisión judicial, tras haber criticado que administrar la vacuna a los policías supondrá dejar sin ella a "gente de 70 años", en palabras del secretario de Salut, Josep Maria Argimon. Por su parte, la titular del Departamento, Alba Vergés, ha vuelto a criticar este jueves lo que considera una "judicialización" del plan de vacunación trazado por la Generalitat. El mismo que excluyó de forma reiterada a ambos cuerpos de seguridad desde febrero.
Vergés critica la "judicialización" de la vacunación
La política de ERC ha reiterado su posicionamiento respecto a la decisión del TSJC en la sesión de control al Govern en el Parlament. Lo ha hecho a respuestas del diputado de Vox Ignacio Garriga, quien la ha acusado de discriminar a policías y guardias civiles, en "un acto supino de sectarismo". El fallo del Alto Tribunal catalán estimó las cautelares de dos sindicatos policiales, tras detallar en su auto que, a 24 de marzo, en el territorio se había vacunado al 80% de los mossos, frente al 3,6% de policías y otro 2,8% de los guardias civiles.
Será a partir de este lunes, cuando los agentes destinados en Cataluña --unos 2.000 policías y otros 2.300 guardias civiles-- recibirán las primeras inyecciones en cuatro puntos de la autonomía. Estarán situados en la Zona Franca de Barcelona y en las comandancias del Instituto Armado en Girona, Lleida y Tarragona.