Siete detenidos en Barcelona por expedir contratos falsos para regularizar a extranjeros

La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una organización que falsificaba contratos de trabajo y luego los vendía como reales a ciudadanos de Pakistán, India y Bangladesh para que pudiesen obtener así el permiso de residencia en España.

El operativo se ha saldado con siete detenidos, y los agentes investigan a otras 56 personas por su vinculación con la trama, que habría cobrado hasta 8.000 euros por cada uno de esos documentos, cuyos compradores pensaban que eran legales.

Beneficios de 400.000 euros

Los investigadores calculan que los beneficios de la banda ascenderían a unos 400.000 euros. Las víctimas abonaban la cantidad para acceder a un contrato como empleadas de hogar. En todos lo expedientes detectados, alrededor de 60, figuraba el mismo domicilio a efectos de notificaciones y correspondía a un despacho de abogados de Barcelona.

Las pesquisas llevaron a la policía a detectar una trama, liderada por una supuesta letrada y dos colaboradores. También integrada por otras cinco personas más con funciones de intermediación y captación de potenciales clientes.

Captación de víctimas

La organización, a través de estos captadores, contactaba con ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia, quienes, ante su situación de necesidad, estataban dispuestos a endeudar a toda su familia si era necesario, para obtener los papeles.

En el despacho investigado es donde se vendían los contratos falsos a cambio de unos 8000 euros que pagaban los extranjeros, la mayoría de ellos convencidos de que detrás de dicha oferta se encontraba un empleo legal.

Falsos contratos de empleo

A su vez, los responsables de la trama contactaban con los presuntos empleadores, y les ofrecían un dinero extra por contratar a un extranjero que nunca llegaba a trabajar para él. Tras la concesión del permiso de residencia y figurar dos meses de alta en la Seguridad Social, procedían a dar de baja al empleado para así no hacer frente a las cotizaciones.

Para asegurarse de que la resolución de la concesión llegaba a manos de la organización, consignaban el despacho profesional como domicilio a efectos de notificaciones, con lo que así se aseguraban que los extranjeros debían acudir a ellos y pagar lo acordado. Los siete detenidos están acusados de delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.