La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra tres responsables de dos empresas de gestión y transporte de residuos acusadas de arrojar al vertedero de Manresa, en Barcelona, restos clínicos de coronavirus, como jeringuillas o respiradores, sin tratarlos ni desinfectarlos.

En su querella, el ministerio público acusa de un delito contra el medio ambiente a los dos responsables de una compañía encargada de la gestión de los residuos sanitarios de dos clínicas de esta ciudad, así como al gerente de la sociedad a la que subcontrataron para transportar los restos hasta el vertedero.

Vertidos sanitarios

La denuncia se dirige contra los responsables de esas mercantiles y les acusa de haber permitido el transporte y deposición de los vertidos sanitarios que habían estado en contacto con el coronavirus. Lo hicieron "con incumplimiento flagrante de la normativa sanitaria, asumiendo de manera consciente las consecuencias derivadas del riesgo generado", señala el Ministerio Público en su escrito. 

La investigación que ha dado pie a la querella se enmarca en la operación Retrovirus, que el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil puso en marcha para evitar irregularidades en el transporte y la eliminación de residuos generados por la pandemia.

Vertedero de Manresa

Los agentes constataron que las denunciadas habían arrojado al vertedero hasta 78 toneladas de residuos sanitarios procedentes de dos centros de la población, que incluían equipos de protección individual, jeringuillas, lotes de medicación, viales con restos de sangre, envases con soluciones acuosas, goteros o respiradores. Todos ellos, "sin tratamiento alguno".

Concretamente, sostiene la querella, los vehículos transportaban los residuos desde los hospitales al vertedero sin señalizar los riesgos asociados a la carga y sin el embalaje doble o triple obligado por ley para ese tipo de desechos.

Líquidos infecciosos

Las bolsas que contenían los restos se compactaban dentro de los camiones encargados del transporte, lo que provocaba que muchas de ellas se rompieran y se derramaran durante el trayecto líquidos infecciosos. Así se arrojaban al vertedero, lo que, según la querella, entrañaba un "alto riesgo sanitario" tanto para los operarios como para la salud pública en general.

Además, los restos sanitarios se depositaban en el vertedero sin desinfectar "conteniendo carga viral presuntamente infecciosa" por tratarse de residuos peligrosos.

Residuos tóxicos

Aún hay más. Ya que Fiscalía también ha presentado dos querellas contra sendas empresas de gestión de residuos por la comisión de un presunto delito contra el medioambiente. Ambas compañías, BDR Y MSL y P92 SL, están radicadas en Barberà del Vallès y se les acusa de crear un "grave peligro para la salud de las personas" con su actividad, al depositar deshechos tóxicos en otro vertedero, el de Can Mata situado en la vecina Cerdanyola del Vallès.

Según detalla el escrito, entre octubre de 2018 y julio de 2019 ambas mercantiles ordenaron al menos seis viajes para "abocar residuos" no autorizados. Se les acusa de provocar "el subsiguiente riesgo por el medio ambiente y la salud de las personas".

Vertidos tóxicos

La actividad de las dos gestoras de residuos en dicho terreno, propiedad del Consorci de l'Alba, continuó a pesar de que la entidad pública denunció los hechos ante la Policía Local de Cerdanyola en febrero de 2019, después de que uno de los ahora querellados accediese al recinto para descargar y verter nuevos desechos.  En ese momento, el implicado reconoció los hechos y justificó que se debían a un "error". Pero un mes después, regresó al terreno para depositar más deshechos tras violentar el acceso al mismo.

Fue entonces cuando la toma de muestras de los residuos indicó una alta concentración de PCB, un compuesto con efectos perjudiciales para la salud por su alto poder cancerígeno y otros efectos tóxicos que se prohibió en 1986, según indica el Ministerio para la Transición Ecológica.

Desehechos peligrosos para la salud

Además, Fiscalía recoge que uno de los vigilantes del vertedero colaboró con los querellados para que estos pudisen deshacerse de los residuos en Cerdanyola y sortear la prohibición de entrada. Por todo ello, también está incluido en la queja judicializada.

En total, el volumen de deshechos acumulados en dichos terrenos se estima en 1285,38 metros cúbicos (604,12 toneladas). El análisis toxicológico de la muestras indica que su almacenamiento a cielo abierto supone un "riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas". Por todo ello, Fiscalía reclama al Juzgado de Instrucción 1 de Cerdanyola que tome declaración a los responsables de ambas compañías. También reclama al Ayuntamiento de Barberà informe de si ha incoado o no un expediente de protección de la legalidad urbanística de las empresas de gestión de residuos. Su objetivo es que ambas compañías no vuelvan a operar.