La Fiscalía pide un año de cárcel a dos inquilinos de Barcelona por "presionar" a su propietaria para que no les subiera el alquiler. El Ministerio Público acusa a la pareja de arrendatarios, Juan y Livia, de un delito de coacciones contra la propietaria y reclama que la indemnicen con 3.000 euros por daños morales. En la causa también estaba imputado el portavoz del Sindicat de Llogaters de Barcelona, Jaime Palomera, al que finalmente la Fiscalía ha exculpado.
El caso ha generado preocupación entre los colectivos en defensa de los inquilinos, que entienden que una condena penal podría restar capacidad de movilización y presión a los vecinos ante subidas desproporcionadas del alquiler.
Protestas
La pareja acusada, que tiene tres hijos a su cargo, vivía desde 2007 en el piso de la propietaria. En 2018, la dueña –que tiene otras ocho viviendas, según el Sindicat de Llogaters, cifra que nunca se ha confirmado– planteó a la familia un incremento del 30% del alquiler. Aconsejada por la entidad de defensa de los inquilinos, la familia permaneció en el piso abonando en el juzgado los 1.000 euros de alquiler de su contrato extinguido, y evitó el intento de desahucio promovido por la propietaria en abril de 2019.
En paralelo, la pareja, con el apoyo del Sindicat de Llogaters y de la Oficina de Vivienda del barrio de Gràcia de Barcelona, llevó a cabo distintas protestas para negociar con la propietaria un nuevo alquiler. A criterio de la Fiscalía, las protestas fueron de carácter violento, requisito necesario del delito de coacciones, castigado con un máximo de tres años de cárcel.
Violencia
Según relata el Ministerio Público, en octubre y diciembre de 2018 los acusados y otros miembros del sindicato acudieron la sede de la inmobiliaria que gestionaba su piso y exhibieron pancartas que acusaban a la dueña y a la empresa de "especular y expulsar a los vecinos" y "accedieron de manera agresiva" a las oficinas, según recoge Eldiario.es. En la acción, continúa la FIscalía, los acusados "se sentaron encima de las mesas y las golpearon" y tildaron de "especulador" al representante de la administradora de firmas. Supuestamente, los manifestantes advirtieron de que protestarían cada semana hasta que no firmara un documento "renunciando a la administración" del piso, a lo accedió "para que los acusados y sus acompañantes abandonaran la oficina".
Según el texto de la acusación, las protestas continuaron. Los acusados habrían distribuido folletos en la calle "identificando a la propietaria con nombre y apellidos y exigiendo la renovación del contrato con las mismas condiciones y la correspondiente actualización del IPC". El 11 de marzo, los acusados se personaron frente al domicilio de la dueña y dejaron folletos en los buzones en los que, según el fiscal, se acusaba a la propietaria de "tener una actitud prepotente e intolerante al negarse a dialogar para llegar a un acuerdo justo". Tres días después, la protesta se trasladó frente al lugar de trabajo de la dueña, con la exhibición de una pancarta en la que se la citaba con nombres y apellidos y se le pedía "no expulsar a ninguna vecina".
Críticas a Podemos
La situación de la pareja provocó que la entonces diputada de Unidas Podemos Irene Montero publicara en Twitter un vídeo de apoyo en el que mencionaba con nombres y apellidos a la dueña del piso el 23 de octubre de 2019, poco antes de que arrancase la campaña electoral de las generales y que le generó un reguero de críticas. De hecho, abrió el debate sobre los derechos del arrendador y del arrendatario.
Irene Montero, ministra de Igualdad / EP
La propietaria del inmueble situado explicó que nunca había tenido la intención de subir el precio a sus inquilinos, sino que había decidido no renovar el contrato y retirarlo del mercado del alquiler. Además, salió a la luz que los arrendadores no eran precisamente una família que viviese una situación de precariedad y que podían pagar los 1.300 euros que se le pedían con el salario de ambos. La dueña explicó que no se les había subido el precio del piso en 12 años y que incluso les había rebajado el precio que habían firmado en 2007. Además, se justificó el nuevo coste por las características del inmueble y la zona en el que estaba situado.
El informe de Fiscalía respalda la visión de que los inquilinos se aprovecharon de los problemas de acceso a la vivienda para eludir una revisión al alza del precio de su piso que sí podían asumir. Supone una censura a su actitud y a la del Sindicat de Llogaters de Barcelona que ahora deberá valorar el juez.