La caótica vuelta al cole obliga al Govern a elaborar nuevas instrucciones

A poco más de una semana que comience el nuevo curso escolar, marcado por el coronavirus, la Consejería de Educación de la Generalitat se plantea elaborar nuevas instrucciones, especialmente las que hacen referencia a las ratios de los alumnos, que serán notificadas la semana próxima.

La medida tendría lugar después de que directores de centro y profesores hayan denunciado la falta de normas claras sobre la recuperación de currículos, las cuarentenas intermitentes y la cesión de locales municipales para bajar las ratios.

El pasado 25 de agosto, el Govern aprobó que en los grupos de segundo ciclo de educación infantil y primaria, la ratio no será superior a 20 alumnos con carácter general y, en Secundaria se reducirán siempre que sea posible. Sin embargo, estas cifras son inasumibles en el área metropolitana de Barcelona, con una alta concentración de alumnado. La falta de profesorado imposibilita la creación de esos grupos, ya que la incorporación de docentes de apoyo no se ha confirmado aún, pues los nombramientos se han pospuesto.

Alumno desfavorecido

A esta situación se añade el hecho de que en esa conurbación, el volumen de alumnado desfavorecido y más proclive al contagio, lo que pone de manifiesto otra de las carencias del dispositivo de la Consejería: la inexistencia de un plan B sobre las cuarentenas intermitentes. La Generalitat prevé poner a toda la clase se pondrá en cuarentena durante 14 días si se detecta un caso positivo de coronavirus en un alumno o profesor. La escuela se cerrará si se producen dos positivos en dos grupos diferentes del centro, si así lo decreta la autoridad sanitaria.

Se prevé, por tanto, que las cuarentenas intermitentes sean frecuentes, lo pone sobre la mesa no solo la inexistencia de instrucciones claras al respecto, sino la falta de ordenadores para cubrir la demanda de familias sin recursos. En este sentido, si a mediados de verano, la Consejería había cifrado en 55.000 el número de familias sin conexión a internet, más recientemente elevó la cifra a 120.000.

Autonomía de centro

El propio departamento, cuyo titular es Josep Bargalló,  precisó que cuando no sea posible reducir los grupos “entendido esto como excepcionalidad y de acuerdo con el plan propio de cada centro, se arbitrarán otras medidas preventivas y de seguridad”. Dicho de otra manera, la Generalitat deja en manos de los directores de las escuelas --en Cataluña, las normas consagran la autonomía de centros-- las medidas a adoptar si no se pueden reducir las ratios.

Padres, docentes y sindicatos han reiterado su malestar ante la incertidumbre que genera esa delegación de funciones. Bargalló ya avisó de que no descartaba tomar nuevas medidas, pues la situación generada por la pandemia varía. Lo cierto es que, ni los profesores de apoyo se han incorporado ni se conoce qué espacios se podrán habilitar. Tampoco hay unanimidad de criterio sobre la recuperación de currículos escolares, es decir, si es preferible comenzar repasando las asignaturas del último trimestre del curso anterior, cuando los alumnos estuvieron confinados, o avanzar en nuevas materias.

Una escuela retrasa el inicio de curso

En junio, el consejero anunció que se firmarían convenios con los ayuntamientos para la cesión de espacios municipales a escuelas que carecen de aulas para poder crear nuevos grupos más reducidos. “Pero los servicios territoriales de la Consejería nos dicen ahora que eso no va a hacer falta. Así que a una semana de que comience el curso, no sabemos si dispondremos de espacios municipales para crear nuevas líneas”, explican profesores del Baix Llobregat.

Un ejemplo de la situación que se vive en esta comarca metropolitana es la escuela Juan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, que ha pedido retrasar el inicio del curso escolar al 17 de septiembre --en Cataluña está previsto que comience el día 14-- por tener a integrantes de su dirección y docentes en confinamiento. Servicios Territoriales ha aceptado la petición.

Y es que los profesores en situación de riesgo, como informó este medio, también sufren la improvisación del Govern, ya que enredados de la burocracia que ha supuesto la “declaración responsable” enviada a todos los docentes en mayo con vistas al retorno presencial de los docentes, muchos de ellos desconocen aún si podrán volver a las aulas. Una certificación que, a pesar de ser voluntaria, debe ser cotejada por el Servicio de Prevención de Riesgos de la Consejería de Educación, que se encuentra colapsado.

Comedores escolares

A la falta de garantías sanitarias, se añade la brecha social que supone la citada falta de ordenadores, así como la decisión del Govern de suprimir las tarjetas monedero, destinadas a las familias que no pueden pagar un comedor escolar. El Govern no ha explicado todavía cómo piensa garantizar las ayudas a esos alumnos. Sin partida económica conocida, sin determinar el sistema de pago de esas ayudas, fundamental en la lucha contra la segregación escolar. La Generalitat abrió la posibilidad de que los monitores enviaran la comida a los domicilios de los beneficiarios o que éstos fueran a buscarlas a los Servicios Sociales municipales. Pero ni hay monitores ni el movimiento de personas es aconsejable en una situación de rebrote de Covid-19.

Del malestar existente en el sector educativo da fue el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un grupo de familias contra el plan elaborado por la Consejería de Bargalló previsto para el próximo curso escolar. Los querellantes aseguran que la normativa, que este año está marcada por la actuación frente el coronavirus, "vulnera el derecho a la vida, la integridad física y la salud" de los pequeños, de los maestros, profesores y del personal no docente de los centros”.