Un propietario recupera su piso cuando los okupas se fueron a Ibiza

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de demandas por okupaciones ilegales y los casos no dejan de aumentar. La situación ha llegado a tal extremo que los propietarios actúan por su cuenta, al margen de la justicia para poder recuperar sus propiedades. Esto es lo que le ha sucedido a un hombre que durante seis años ha sufrido la okupación de su vivienda y hasta que los delincuentes no se han ido de vacaciones a Ibiza, no ha podido recuperarla.

Los hechos han sucedido en Mataró (Barcelona), donde Manuel tiene una propiedad que alquiló un conocido suyo, Juan Carlos, en 2012. No le hizo contrato porque tenían relación y, creía, que confianza. Pero un día dejó de pagar. Desde entonces la situación ha ido a peor.

Falta de actuación

El propietario relata que al principio vivían allí el conocido, su pareja y dos perros, pero algunos vecinos afirman que también se instalaron sus dos hijas, aunque nadie ha podido entrar hasta ahora para comprobarlo.

Estos seis años han sido una lucha constante para Manuel. "La justicia se pasa la bola de unos a otros, la policía dice que no puede hacer nada, el Ayuntamiento se lava las manos, Salud Pública ha venido varias veces a pedirles que limpien, no solo por nuestra salud, sino también por la suya y la de sus perros; así todo este tiempo", confesaba a Telecinco.

Amenazas y agresiones

Durante este periodo no sólo él se ha visto afectado, sino que los vecinos también han sufrido algunas conductas reprobables por parte de la familia. Desde los típicos ruidos y fiestas, hasta amenazas, peleas y agresiones a vecinos, incluso robos, cortes de luz y consumo y tráfico de drogas.

Una de las parejas que vivía en el edificio abandonó la vivienda mataronense después de que la mujer sufriera una agresión por parte de los okupas. Incluso en ocasiones se encontraban deposiciones en la escalera.

Entrada en la casa

Los ocupantes llegaron a instalar una alarma para evitar que Manuel pudiera recuperar su vivienda. Llamó a la empresa para pedir explicaciones, pero ésta insistió que se puede hacer. Aun así, tras la denuncia, inquirieron a los contratantes del servicio los papeles del piso. Al no recibir respuesta, se la desconectaron de la comunicación con la policía.

El propietario desconocía esta situación y tomó medidas más drásticas. Vio por redes sociales que la familia se fue de vacaciones y, sin saber que la alarma ya estaba fuera de servicio, accedió a la vivienda, desconectó el aparato, cambió la cerradura y tapió el piso.

Riesgo de denuncia

Pese a que pudo acceder al domicilio, no pudo creer lo que se encontró dentro. Restos de comida por toda la casa, baldosas y puertas arrancadas, un gran nivel de suciedad y pintadas en las paredes.

Los Mossos d’Esquadra advirtieron a Manuel que ahora se puede enfrentar a dos delitos, uno por coacción y otro por allanamiento de morada. Sólo el Estado tiene competencia para emplear la violencia y entrar en una vivienda. Un hecho que parece importarle poco al afectado. “Si el juez lo ve así”, dice, que lo condene, “pero aquí no vuelven a entrar", sentencia.

Manifestaciones y tensión

La situación en Mataró es cada vez más preocupante. Varios vecinos denuncian casi una vez por semana la situación que se vive en la ciudad a causa de la gran cantidad de okupas que hay, especialmente en el barrio de Cerdanyola. Asimismo, en la zona del Maresme, ya han habido diferentes enfrentamientos entre vecinos y delincuentes por el malestar generado.

Desde que empezara el verano han habido conflictos en Pallejà, Premià de Mar, Sant Joan Despí, Llançà o Badalona contra propiedades tomadas a la fuerza. Ante ello, algunos políticos han exigido cambios legislativos para facilitar el desalojo de los inmuebles que sirven de morada a pequeños delincuentes reincidentes y no a familias que necesitan una vivienda por su vulnerabilidad social.

Situación insostenible

Pese a que el problema afecta a toda Cataluña, su capital, Barcelona, se corona como una de las metrópolis españolas con más denuncias por allanamientos de morada. El ayuntamiento de la ciudad ya ha lanzado un grito de auxilio para combatir las okupaciones. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha reclamado medidas para abordar los allanamientos, pues se han disparado los casos durante los últimos tiempos.

"La policía hace su labor, pero también necesita instrumentos legales que permitan actuar con más eficacia de lo que se hace actualmente", señala  Batlle. Sin embargo, la Generalitat va en dirección contraria a la petición formulada por el cargo público. El decreto sobre viviendas vacías del Govern ha terminado en el Tribunal Constitucional por posibles vulneraciones del derecho a la propiedad. Algunas voces señalan que podría favorecer incluso las okupaciones, con lo que agravaría un problema que afecta a cada vez más propietarios en la comunidad autónoma.