Generalitat y municipios suspenden en la prevención de ahogamientos en las playas

Cataluña va camino de superar su récord de ahogados en las playas. En lo que llevamos de verano, ya han fallecido 20 personas en el mar, un número que se acerca peligrosamente a las 23 víctimas mortales registradas en 2019.

Sin embargo, la región no está condenada a repetir estas cifras año tras año. Los expertos denuncian el descontrol de las administraciones y la escasez de socorristas que atraviesan el litoral catalán, pero también apuntan las soluciones que podrían revertir esta tragedia.

Un modelo obsoleto

El sistema "se ha quedado anticuado y anacrónico". Así de contundente se muestra Ramsés Martí, socorrista y experto en seguridad acuática, que lleva mucho tiempo presionando para actualizar el modelo de protección civil en el agua. "La gestión del salvamento no ha evolucionado. Seguimos teniendo playas donde los profesionales vigilan extensiones muy grandes sin los recursos adecuados", señala.

Asimismo, no hay ningún marco legislativo común que ayude a los ayuntamientos a unificar la prestación de este servicio: "No existe a nivel estatal ni autonómico ninguna norma que marque ni oriente cómo deben vigilarse las playas". Actualmente, los municipios tienen asumida esta competencia, aunque la inmensa mayoría la delegan en el sector privado.

Sin control público

La Generalitat solo intercede para centralizar las emergencias a través del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) y enviar los equipos sanitarios de intervención. No solo eso, sino que tras 30 años de dejación, el sector público ha perdido el pulso del día a día: "La dispersión de empresas y la falta de contacto hacen que la administración no sepa lo que pasa realmente".

Tanto la administración local como la autonómica suspenden en la prevención de los ahogamientos. No existe un catálogo de peligrosidad de cada zona, ni tampoco se exigen horarios de cobertura idénticos en la costa. Ni siquiera se lleva un recuento oficial de las muertes en el mar, sino que las estadísticas que ofrecen entidades como la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo proceden de fuentes periodísticas.

Faltan manos y recursos

Otro de los problemas indicados por Martí es la ausencia de equipamientos adecuados para los profesionales: "Las sillas elevadas que hay en la arena, parecidas a las de un juez de tenis, no se pueden cambiar de posición, tienen una altura peligrosa y están a merced de las inclemencias del tiempo". Como alternativa, este experto recomienda torres de vigilancia como las que se usan en otros países: "Estas estructuras permitirían controlar entornos más amplios, serían más cómodos y podrían almacenar recursos como los DEA (desfibrilador externo automático) y bombonas de oxígeno".

Con todo, la gran asignatura pendiente es la cantidad de trabajadores en activo. Salvador Zettelman, socorrista y portavoz sindical de CGT, señala que "es difícil saber el número de vigilantes, ya que no existe una estadística oficial ni las empresas cumplen muchas veces con lo ofertado. Aunque en Barcelona hay bastantes, en otros puntos puede no ser así". De nuevo, el dimensionamiento de efectivos en todo el territorio exigiría una centralización de esfuerzos que veta el propio modelo.

"Nuestro servicio no interesa"

Este sindicato, que ha logrado una penetración de hasta el 70% entre la plantilla de la capital, se suma a las críticas contra la falta de criterios compartidos para afrontar el salvamento: "Hay que homogeneizar los protocolos. Dos personas pueden bañarse en municipios vecinos con una playa común que tengan horarios de vigilancia distintos. No tiene sentido".

Zettelman remacha con una nota pesimista sobre el panorama del socorrismo en Cataluña: "Nuestro servicio no interesa. Solo se quiere tener la figura, pero se deja de lado si está bien formada, tiene los recursos necesarios y unas condiciones de trabajo dignas".

Blanes, un caso de éxito

En este contexto, Blanes destaca como uno de los tres únicos pueblos (los otros dos son Cunit y Pals) que han apostado por remunicipalizar las tareas de rescate. Este enclave costero cuenta con 25 socorristas y siete torres de vigilancia costeadas por los contribuyentes. El equipo trabaja a las órdenes de Josep Lluís Pouy, jefe de protección civil, que valora muy positivamente la titularidad pública y anima al resto de consistorios a reproducir este sistema: "Lo fácil es dedicar una dotación presupuestaria al sector privado. Pero la playa es la puerta de entrada a nuestros municipios y debemos tener gente trabajando en condiciones".

"Gestionar el servicio directamente te permite adaptarlo a tus necesidades, incorporando también las funciones de prevención. Además, podemos reinvertir el dinero en el propio servicio y controlar cada aspecto del trabajo", cuenta el responsable. Por ejemplo, este verano se han añadido 12 agentes ciudadanos para garantizar las medidas antiCovid. Los datos avalan el buen hacer de Pouy: en 14 años, no se ha producido un solo fallecimiento en los tres kilómetros y medio de litoral blandense. Aunque él prefiere mostrarse humilde y precavido --"no puede olvidarse el factor humano"--, la gestión pública ha demostrado su éxito en este municipio de la Costa Brava.